Rutas del Este libera franja de dominio del tren tras derribar unas 30 viviendas en Cañada Garay

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La construcción del megaviaducto de Luque avanza sobre la antigua franja ferroviaria. En un tramo de aproximadamente 350 metros, frente al barrio Las Avellanas, fueron derribadas alrededor de 30 viviendas que durante 25 a 30 años albergaron a familias luqueñas. Mientras casi todos los antiguos ocupantes ya se trasladaron a otros lugares, la familia Jiménez, la única que todavía permanece en el sitio, asegura que ya tiene todo acordado con la empresa encargada de las indemnizaciones y próximamente se mudará a otro sector de la zona.  

Nota (10) – Por Sebastián Jara Figueredo

Tiempo de lectura: 5 minutos

La construcción de la autopista elevada o superviaducto de Luque sigue avanzando y comienza a mostrar cambios profundos en el paisaje de la compañía Cañada Garay. La empresa Rutas del Este logró liberar un importante sector de la franja de dominio del antiguo ferrocarril, donde fueron derribadas alrededor de 30 viviendas para permitir la continuidad de los trabajos de infraestructura.

El tramo despejado tiene aproximadamente 350 metros de longitud y se encuentra frente al coqueto barrio Las Avellanas. Hasta hace poco, el lugar estaba ocupado por numerosas familias que, sin contar con títulos de propiedad, habían levantado sus viviendas sobre terrenos pertenecientes al Estado paraguayo, bajo administración de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA).

La intervención dejó una imagen de devastación. Donde antes había hogares, patios y árboles frutales, ahora predominan los restos de construcciones derribadas, escombros y vestigios de lo que durante décadas fue un pequeño asentamiento de familias trabajadoras.

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Árboles que todavía permanecen sobre la vía ferroviaria.

Algunos árboles permanecen todavía en pie, como testigos silenciosos de una comunidad que fue desapareciendo progresivamente. Entre los restos de una vivienda en proceso de desmantelamiento se observa una parralera de color verdoso, mientras que en el fondo permanece un tatakua, tradicional horno construido con ladrillos y arena roja.

Son imágenes que reflejan el costo social de una obra de gran envergadura, cuya ejecución implica la transformación de extensos sectores de la ciudad.

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Gran cantidad de escombros tras el derribo de varias viviendas.

Familias indemnizadas abandonaron el lugar

De acuerdo a datos proporcionados por los propios afectados, las familias que ocupaban la franja ferroviaria recibieron sus respectivas indemnizaciones por las mejoras introducidas en los terrenos.

Al no tratarse de propiedades privadas, las compensaciones correspondieron principalmente a las construcciones y mejoras realizadas, y no al valor del terreno, que pertenece al Estado paraguayo.

Los antiguos pobladores se trasladaron a distintos puntos de Luque, principalmente a asentamientos cercanos, mientras que otros buscaron nuevos lugares para vivir en ciudades vecinas, como Mariano Roque Alonso y Limpio.

Muchas de las viviendas derribadas eran construcciones de material de primera calidad, levantadas con esfuerzo durante 25 a 30 años de permanencia en el lugar. Algunas fueron demolidas completamente, mientras que otras quedaron reducidas a una parte de sus estructuras, posiblemente porque sus propietarios comenzaron por cuenta propia el desmantelamiento antes de abandonar definitivamente el sitio.

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Escombros y paredes que todavía permanecen.
Leandro Jiménez.

Leandro Jiménez, entre los últimos pobladores

En el sector de la antigua franja ferroviaria todavía permanece la familia de Leandro Jiménez, un conocido y dinámico zapatero de Cañada Garay, cuyo oficio consiste en reparar calzados de numerosos vecinos de la comunidad.

Jiménez explicó que su situación ya está prácticamente resuelta con la empresa Sustentar, encargada de los trabajos de relevamiento y gestión de las indemnizaciones para Rutas del Este.

Según indicó, está todo acordado y próximamente también dejará el lugar para trasladarse a otra zona.

Su permanencia convierte a su vivienda en una de las últimas ocupadas dentro del tramo que está siendo liberado para la ejecución del proyecto.

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Taller de don Agustín.

Don Agustín sigue en la incertidumbre

A pocos metros del sector despejado se encuentra el taller y gomería de don Agustín Pereira, otro conocido trabajador de la zona, cuya actividad comercial también está comprometida por el trazado del superviaducto.

El propietario manifestó que todavía necesita conocer con precisión qué dimensión de su inmueble será afectada por la construcción de la autopista elevada.

Su intención es trasladar el taller hacia el fondo de su terreno, siempre que la superficie remanente permita continuar trabajando. De lo contrario, contempla la posibilidad de mudarse a otro lugar.

Sin embargo, antes necesita conocer el monto de la indemnización que le corresponde, considerando que, a diferencia de las familias asentadas sobre la franja ferroviaria, él es propietario con título de su inmueble.

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Parralera de una vivienda derribada.

Por esa razón, su caso contempla tanto la afectación del terreno como las mejoras introducidas en la propiedad.

No es la primera vez que don Agustín manifiesta públicamente su preocupación. En agosto pasado, en una entrevista con Luque al Día, había solicitado una indemnización justa que le permitiera continuar con su actividad comercial y conservar su fuente de ingresos. Su taller tiene 17 años de funcionamiento en el lugar.

A un costado de su establecimiento se encuentran dos conocidas y grandes firmas dedicadas a la comercialización de hierros, cuyas propiedades también estarían parcialmente comprometidas por el trazado de la futura infraestructura vial.

La situación de estos comercios demuestra que el impacto del proyecto no se limita a las viviendas, sino que alcanza igualmente a establecimientos que generan puestos de trabajo y prestan servicios a los pobladores de la zona.

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Elocuente «Sí» (?) por una vivienda afectada por la construcción del superviaducto.

Una megaobra de 3,6 kilómetros y más de US$ 215 millones

La autopista elevada de Luque forma parte del proyecto denominado Red Vial Estructurante, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mediante la ampliación del contrato de concesión de la Ruta PY02.

La estructura tendrá una extensión de 3,6 kilómetros y conectará las avenidas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi con la Ruta PY02.

El proyecto contempla cuatro carriles y la instalación de 537 vigas pretensadas, distribuidas en 116 vanos. Cada viga tiene aproximadamente 35 metros de longitud y pesa unas 50 toneladas.

Para sostener la estructura se prevé la construcción de 232 pilotes, además de la utilización de aproximadamente 45.000 metros cúbicos de hormigón y 5.000 toneladas de acero.

Vigas colocadas días atrás para el soporte de la autopista elevada / Luque al Día – Archivo.

El MOPC estima que la infraestructura beneficiará a más de 250.000 personas, mejorando la conexión entre Luque, Asunción y otras localidades del departamento Central.

La inversión del paquete completo de obras supera los 215 millones de dólares. El monto incluye, además de la autopista elevada, intervenciones en los corredores viales que conectan Luque con San Bernardino, Areguá e Ypacaraí.

La Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este está integrada por las empresas Sacyr y Ocho A, esta última representada por Juan Carlos Pettengill. El proyecto fue incorporado mediante la Adenda Nº 7 al contrato de concesión de la Ruta PY02.

Otra vista de la zona afectada por la megaobra en Luque.

¿Cuántas propiedades y familias fueron afectadas?

Uno de los aspectos que sigue generando interrogantes es la cantidad exacta de familias, viviendas y establecimientos comerciales afectados por el proyecto.

En agosto de 2025, el MOPC había mencionado que unas 1.200 propiedades podrían resultar afectadas. Sin embargo, en respuesta a consultas periodísticas, la institución reconoció que todavía no contaba con una cifra definitiva, debido a que se encontraba en proceso de relevamiento catastral.

En ese mismo periodo se había estimado que las indemnizaciones por las propiedades afectadas demandarían unos US$ 8,5 millones.

El tradicional tatakua en el patio de una vivienda afectada por la construcción del superviaducto.

Por su parte, Rutas del Este trabaja con la empresa Sustentar en el relevamiento de los inmuebles, la identificación de los afectados y la gestión de las compensaciones correspondientes.

La liberación de los 350 metros en Cañada Garay representa un avance importante para la continuidad de los trabajos, pero todavía quedan situaciones particulares que requieren respuestas, especialmente en lo relacionado con propietarios de inmuebles y comerciantes que necesitan conocer con exactitud el alcance de las afectaciones.

Mientras las maquinarias avanzan con la construcción de una de las obras viales más importantes del país, detrás de cada vivienda derribada quedan historias de familias que construyeron sus hogares durante décadas y que ahora deben comenzar nuevamente en otros lugares.

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