El Ejecutivo Municipal intenta revertir la resolución judicial que ordena convocar a una audiencia pública para informar sobre el uso de los recursos comunales. Mientras la asesoría jurídica de la Municipalidad denuncia un supuesto trasfondo político en la acción, la Contraloría Ciudadana sostiene que el plazo de 30 días fijado por la Justicia continúa vigente pese a la apelación.
LUQUE (Redacción) – La disputa judicial y política en torno a la rendición de cuentas de la Municipalidad de Luque sumó un nuevo capítulo este jueves 7 de mayo. La administración municipal, representada por el abogado Alfredo Raúl Salinas, presentó un recurso de apelación y nulidad contra la Sentencia Definitiva N.º 150, dictada el pasado 4 de mayo de 2026.
La resolución, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de J. Augusto Saldívar, ordena al intendente Carlos Echeverría convocar a una audiencia pública de rendición de cuentas en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Con esta medida, la Comuna busca dejar sin efecto el fallo que hizo lugar al amparo promovido por la Contraloría Ciudadana de Luque (CCL). El caso pasa ahora al Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Primera Sala, de San Lorenzo, instancia que deberá resolver el recurso planteado por la Municipalidad.
Los argumentos de la Municipalidad
En el escrito de apelación, la Dirección de Asuntos Jurídicos sostiene que la acción de amparo carece de los requisitos de urgencia exigidos por la Constitución Nacional.
Según el abogado Salinas, si la audiencia pública debía realizarse en febrero y el amparo fue promovido recién en abril, no existe una “urgencia manifiesta” que justifique la vía judicial utilizada por la Contraloría Ciudadana.
La Municipalidad también argumenta que, conforme a la Ordenanza N.º 11/24, las audiencias públicas tienen carácter “consultivo y no vinculante”, por lo que su omisión no configuraría una “lesión constitucional grave e inminente”.
Asimismo, el municipio cuestiona el trasfondo político de la acción judicial. En ese sentido, señala que el abogado patrocinante de la CCL, Guillermo Cárdenas, es candidato suplente a concejal por un sector opositor dentro del Partido Colorado, por lo que —según la postura municipal— el amparo buscaría generar un “hecho político de impacto electoral” en plena etapa preelectoral.
Desde la Contraloría Ciudadana aclararon, al cierre de esta edición, que Cárdenas no es litigante en esta causa de amparo constitucional promovido contra la Municipalidad de Luque, y que solo es miembro del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de esta organización.
La respuesta de la Contraloría Ciudadana
La abogada Mirian Franco aclaró que ella es la representante legal de la Contraloría Ciudadana de Luque, al tiempo de subrayar que la apelación municipal no suspende el cumplimiento de la sentencia y que el plazo dispuesto por el juzgado continúa corriendo.
“Estamos confiados en que la sentencia será confirmada. El incumplimiento de la ley quedó acreditado y los argumentos de la apelación son más de lo mismo. Solo buscan dilatar un derecho ciudadano”, expresó Franco a Luque al Día.
La representante de la organización insistió en que la Municipalidad mantiene la obligación de fijar fecha para la audiencia pública, a fin de informar a la ciudadanía sobre la administración de los recursos municipales.
Un conflicto con antecedentes
No es la primera vez que la administración de Carlos Echeverría enfrenta una situación similar. El años pasado, la Justicia ya había intervenido para ordenar una audiencia pública de rendición de cuentas ante cuestionamientos ciudadanos. Esta audiencia pública se llevó a cabo en febrero de 2025, donde el jefe comunal rindió cuentas de su gestión de 2024.
La reiteración de este tipo de litigios vuelve a instalar el debate sobre la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión municipal, en un contexto marcado por las próximas internas partidarias y el escenario electoral en Luque.
Mientras tanto, la decisión final queda ahora en manos del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, que deberá definir si confirma o revoca la resolución que obliga a la Municipalidad a rendir cuentas ante la ciudadanía.