El abogado Gustavo Florentín presentó un recurso de amparo en representación de pobladores afectados de Luque y Areguá, solicitando como medida cautelar la suspensión de las obras impulsadas por el MOPC entre Ypacaraí y Luque. Los recurrentes exigen una revisión integral de los estudios de impacto ambiental y de toda la documentación que respalda el proyecto.
NOTA (11) – Sebastián Jara Figueredo
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El pedido de suspensión de las obras de la Red Vial Estructurante, que comprende el superviaducto de 3,6 kilómetros en Luque, fue presentado este lunes ante la Justicia por el abogado Gustavo Florentín, en representación de pobladores afectados de Luque y Areguá.
La presentación judicial fue acompañada por un grupo de ciudadanos de ambas localidades, quienes se manifestaron frente al Palacio de Justicia, en Asunción, para expresar su rechazo al proyecto y reclamar mayores garantías ambientales, sociales y patrimoniales.
Florentín explicó que el recurso de amparo quedó a cargo del juez Guillermo Riveros, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 14, Secretaría 27.

El abogado señaló que solicitaron la revisión de toda la documentación que autorizó la ejecución de la Red Vial Estructurante y, como medida cautelar, la suspensión de las obras en su totalidad hasta que se aclaren los cuestionamientos planteados.
«Estamos pidiendo la revisión de las documentaciones que autorizan la obra de la Red Vial Estructurante y, como medida cautelar, la suspensión de las obras completas, hasta que se revise y se aclare bien todo el documento desde una perspectiva más integral, que no sea solamente por tramos», manifestó.

Estudios ambientales bajo cuestionamiento
Uno de los principales argumentos del amparo es que los estudios de impacto ambiental no habrían contemplado de manera integral las consecuencias que podría ocasionar el emprendimiento en toda su extensión.
Florentín sostuvo que las instituciones responsables se basaron en un Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) del año 2017, elaborado por tramos, cuando —según su planteamiento— el proyecto debe ser evaluado como una sola unidad, considerando sus efectos acumulativos sobre el territorio.
Indicó que el procedimiento judicial contempla el traslado de la presentación y la solicitud de informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), entre otras instituciones.
«Creemos que eso es insuficiente, porque ellos agarraron por tramos y eso es un todo, y el estudio debe ser en forma integral, de todo el tramo completo», expresó.

El profesional manifestó que esperan que el magistrado analice la situación y adopte las medidas necesarias para proteger los recursos naturales, la salud y la calidad de vida de las comunidades afectadas. También mencionó los posibles perjuicios para propietarios de viviendas, terrenos y emprendimientos inmobiliarios de la zona.

Preocupación por el acuífero Patiño y el lago Ypacaraí
Por su parte, Mauren Coronel, dirigente social de Areguá, señaló que una de las principales preocupaciones de los pobladores está relacionada con los recursos hídricos, especialmente el acuífero Patiño y el lago Ypacaraí.
Advirtió sobre las perforaciones que se realizan en el marco de las obras y la incertidumbre respecto a sus posibles consecuencias para el acuífero, que abastece a una importante parte de la población del área metropolitana.
También recordó que existen sectores protegidos en el entorno del lago Ypacaraí que, según sostuvo, deben ser resguardados.

Coronel cuestionó la planificación del proyecto y afirmó que los pobladores no cuentan con información técnica suficiente para conocer el impacto que tendrá la infraestructura sobre las comunidades y el ambiente.
«Queremos que nos presenten un informe técnico donde seamos conscientes de cuál va a ser el impacto que va a tener esta ruta para los afectados directos e indirectos. Mientras eso no tengamos, no podemos avanzar con la obra», manifestó.
La dirigente social agregó que, anteriormente, también fueron presentadas dos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una correspondiente a pobladores de Areguá y otra de Luque, por presuntas vulneraciones de ocho derechos humanos. Según indicó, ambas presentaciones fueron recibidas y se encuentran en proceso de investigación.

Cuestionamientos por el patrimonio histórico de Luque
A su vez, Mirian Ramírez, dirigente social de Luque, puso énfasis en las posibles afectaciones al patrimonio histórico de la ciudad, particularmente a la antigua estación del ferrocarril, ubicada en el barrio Bella Vista.
Explicó que tanto el MOPC como la empresa encargada de las obras, Rutas del Este, deben cumplir exigencias establecidas por la Secretaría Nacional de Cultura para intervenir en las inmediaciones del edificio histórico.
Según Ramírez, la estación ferroviaria podría resultar afectada por las vibraciones generadas durante los trabajos, como también por la cantidad de vehículos que estarían circulando sobre el superviaducto, por lo que se requiere un proyecto específico que contemple las medidas de protección y las alternativas de intervención.
Asimismo, señaló que otra exigencia pendiente es la presentación de un proyecto de compatibilidad con el futuro tren de cercanías.


También acudieron al Ministerio Público
Tras la presentación del amparo, los pobladores se trasladaron hasta una sede del Ministerio Público, en Asunción, donde solicitaron al fiscal Francisco Cabrera que se pronuncie sobre una denuncia penal presentada anteriormente por la presunta ilegalidad de las obras de la Red Vial Estructurante.
Los denunciantes cuestionan que el emprendimiento se haya ejecutado mediante una adenda y no a través de una licitación pública nacional.
Con estas acciones judiciales y reclamos, los pobladores de Luque y Areguá buscan frenar temporalmente los trabajos y obtener una revisión integral del proyecto, que incluya sus consecuencias ambientales, sociales, patrimoniales y sobre los derechos de las personas afectadas.