A más de un año de la presentación de una denuncia penal por presuntas irregularidades en una adenda que habilitó nuevas obras dentro del proyecto de ampliación de la Ruta PY02, la Fiscalía recién convocó a declarar a los principales denunciantes. Los afectados por el superviaducto de Luque, uno de los componentes de la megaobra, volvieron a movilizarse para exigir celeridad y avances en la investigación.
Nota (8) – Sebastián Jara Figueredo
Vecinos afectados por el proyecto del superviaducto y otras obras vinculadas a la ampliación de la Ruta PY02 se manifestaron hoy, martes 8 de septiembre, frente a la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, en Asunción, para reclamar que la investigación penal avance y que el expediente no quede archivado o “cajoneado”.
Mirian Ramírez, presidenta de la Coordinadora de Afectados de la Construcción del Viaducto de Luque, señaló que después de un año de la presentación de la denuncia penal, la Fiscalía finalmente fijó fechas para recibir las declaraciones testificales de los profesionales que acompañan la acción.
Según informó Ramírez, el ingeniero Hermann Pankow deberá declarar el jueves 10 de septiembre, mientras que el ingeniero Ricardo Canese fue convocado para el viernes 11 de septiembre y la ingeniera Mercedes Canese para el lunes 14 de septiembre.
Los afectados reclaman que el fiscal Francisco Cabrera imprima celeridad a la investigación sobre las presuntas irregularidades relacionadas con una adenda incorporada al contrato de la Ruta PY02 y que, según los denunciantes, permiten ampliar el alcance del proyecto original sin un nuevo proceso competitivo, es decir, sin convocatoria a una licitación pública.
Denuncia por la adenda de la Ruta PY02
De acuerdo a los antecedentes, la denuncia penal fue presentada inicialmente en agosto de 2023 por ciudadanos autoconvocados de Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí. Posteriormente, los denunciantes ampliaron la acción ante la Fiscalía General del Estado para incorporar cuestionamientos al proceso mediante el cual se pretende ejecutar nuevas obras vinculadas a la denominada Red Estructurante PY02.
Entre los denunciantes se encuentran los ingenieros Hermann Pankow, Ricardo Canese y Mercedes Canese, además de abogados y representantes de las comunidades afectadas.
Los demandantes sostienen que existen posibles irregularidades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras en la ampliación del contrato de la Alianza Público-Privada (APP) de la Ruta PY02, adjudicado al consorcio Rutas del Este.
De acuerdo con los argumentos expuestos por los afectados, el proyecto incorporaría -mediante una adenda- obras que excederían el trazado y alcance originalmente previsto, entre ellas la duplicación de los corredores Luque–Areguá–Itauguá–Ypacaraí y Luque–San Bernardino, además de una autopista elevada o superviaducto de aproximadamente cuatro kilómetros en Luque.
Cuestionan impacto sobre Luque
Los denunciantes también cuestionan el impacto que tendría la obra sobre las viviendas de los vecinos, propiedades particulares, el trazado histórico del Ferrocarril Carlos Antonio López, la ciclovía Valois Rivarola y otros espacios de valor ambiental y patrimonial.
La ingeniera Mercedes Canese sostuvo anteriormente que las modificaciones contractuales deberían ser investigadas por las autoridades competentes, al considerar que podrían vulnerar disposiciones constitucionales y legales relacionadas con concesiones, contratación pública, competencia y transporte.
Los afectados también advierten sobre las consecuencias sociales y urbanísticas que podría generar la autopista elevada en Luque, especialmente por la cantidad de propiedades que serían afectadas y por la posible división física de sectores de la ciudad.
Con la convocatoria de los tres profesionales para prestar declaración, la Coordinadora de Afectados espera que la investigación avance y que el Ministerio Público determine si existen o no elementos que sustenten las denuncias planteadas.
Los vecinos anunciaron que continuarán siguiendo de cerca el expediente y reclamando transparencia en torno a un proyecto que, según sostienen, tendrá un fuerte impacto sobre Luque y otras ciudades del departamento Central.