Propietarios y familiares de inmuebles afectados por invasiones en la compañía Itapuamí, de Luque, resolvieron conformar una Coordinadora de Propietarios Afectados para impulsar acciones conjuntas en defensa de sus tierras. Durante una reunión realizada el sábado 18 de julio denunciaron amenazas, hechos de violencia, presuntas presiones para vender sus propiedades y la falta de respuesta de las autoridades.
Un grupo de aproximadamente 25 personas, entre propietarios y familiares de inmuebles afectados por invasiones o bajo amenaza de ocupación, se reunió el sábado 18 de julio en la Quinta Santa Librada de Itapuamí, ubicada a dos cuadras de Dos Bocas, para analizar la problemática que desde hace años afecta a numerosas familias de la zona.
El encuentro fue coordinado por Hugo Adorno, uno de los propietarios afectados, y se extendió por cerca de tres horas. Durante la plenaria, varios de los asistentes hicieron uso de palabra para relatar las situaciones que atraviesan a raíz de las ocupaciones de sus inmuebles.
Los participantes coincidieron en señalar que las propiedades afectadas no corresponden a grandes extensiones de tierra, sino a terrenos pequeños y medianos, de entre una y tres hectáreas, pertenecientes a familias como Adorno, Escobar, Salinas, Moscarda, Fleitas, Vargas Salinas, Rolón, Lara Velázquez y Cuevas.
Denuncias de violencia y hostigamiento
Uno de los casos más recientes expuestos fue el de la familia Fleitas, cuya propiedad de una hectárea fue ocupada en la madrugada del sábado 11 de julio.
Tres representantes de la familia relataron que durante el ingreso de los ocupantes se registraron episodios de violencia, amenazas y hostigamientos. También denunciaron la rotura del parabrisas del vehículo de uno de los integrantes de la familia. Según manifestaron, por este hecho existe una persona imputada entre los ocupantes, identificada como Roque Ocampos.
Silvia Fleitas afirmó que la familia no tiene intención de vender el inmueble y sostuvo que ninguna autoridad puede obligarlos a hacerlo.
«Los que invaden nuestra propiedad nos están coaccionando, nos exigen exhibir el título de la propiedad invadida y en todo momento mantienen hacia nosotros una actitud hostil», expresó.
Agregó que la familia posee el título de propiedad y lamentó que las constantes invasiones estén provocando la desvalorización de los inmuebles en Itapuamí.
Un problema que se arrastra desde hace años
Los demás propietarios señalaron que situaciones similares se registraron en meses y años anteriores. Recordaron que entre enero y febrero de este año también se produjeron conflictos por ocupaciones.
Algunas familias lograron recuperar sus inmuebles tras una prolongada lucha judicial y administrativa para demostrar el origen legal de sus propiedades. Sin embargo, otras continúan ocupadas desde hace varios años.
Durante la reunión explicaron que las personas que ingresan a los terrenos provienen de comunidades alejadas, quienes alegan que se trata de tierras fiscales, es decir, inmuebles que supuestamente pertenecerían a la Municipalidad de Luque, además de sostener que los propietarios no cuentan con títulos.
Los afectados remarcaron que ninguna persona sin autoridad legal puede exigir a un ciudadano la exhibición de documentos que acrediten la titularidad de una propiedad, atribución que corresponde únicamente a las autoridades competentes, como el Ministerio Público u otras instituciones del Estado.
Asimismo, denunciaron que quienes promueven las ocupaciones actuarían con ese argumento porque, según afirmaron, recibirían orientación y apoyo de funcionarios municipales. También señalaron que varios inmuebles fueron heredados y que los procesos sucesorios aún se encuentran en trámite debido al fallecimiento de sus propietarios originales.
«Nos encontramos huérfanos de las autoridades»
Los asistentes manifestaron que viven permanentemente bajo amenazas y con el temor de sufrir nuevas invasiones en cualquier momento.
«Nos encontramos huérfanos de las autoridades», expresaron durante la reunión.
Entre los casos mencionados figura el de la familia Vargas Salinas, que asegura poseer el título de una propiedad de tres hectáreas, aunque continúa ocupada desde hace una década. Similar situación atraviesa la familia Escobar, que desde hace diez años mantiene un conflicto por un inmueble de tres hectáreas con un grupo de ocupantes.
Incluso, uno de los participantes calificó de «hedionda» a la autoridad que tiene el país, aunque sin mencionar nombres ni cargos.
Nace una coordinadora
Como principal resolución del encuentro, los propietarios debatieron la creación de una Asociación o de una Coordinadora de Propietarios Afectados.
Finalmente, optaron por conformar una Coordinadora, siendo elegido como presidente Emiliano Moscarda, quien denunció que su propiedad de tres hectáreas también permanece invadida.
La nueva organización buscará coordinar acciones legales e institucionales para la defensa de los derechos de los propietarios afectados.
Participación de autoridades y dirigentes
A la reunión fueron invitados concejales municipales, candidatos a concejales y postulantes a la Intendencia de Luque.
Sin embargo, solo participaron la concejala Belén Maldonado, candidata a intendenta por la Alianza Luque Democrático; el exdiputado Ricardo González, candidato a concejal por la Alianza Luqueños Unidos, y Fredy Ferreira, excandidato a intendente en las recientes internas liberales.
Hugo Adorno informó además que el candidato liberal José Manuel Achucarro Gill (Manolo) comunicó previamente que no podría asistir debido a una reunión política de su nucleación en el departamento de Cordillera.
Durante su intervención, Belén Maldonado denunció la existencia de «una mafia enquistada en el poder local y nacional que quiere robar todo antes de irse», y sostuvo que es urgente la intervención de las autoridades para frenar las invasiones y evitar que se repitan casos como el de «Don Roberto y doña Ana», una pareja ya fallecida que, según recordó, perdió su propiedad a causa de una ocupación.
Por su parte, Ricardo González, especializado en catastro, ofreció su colaboración técnica y profesional para determinar la titularidad de los inmuebles mediante el análisis documental y los procedimientos legales correspondientes, con el propósito de brindar respaldo a los propietarios afectados.