Intendencia de Carlos Echeverría presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para frenar la convocatoria de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025. Desde la Contraloría Ciudadana de Luque denuncian “chicanas judiciales” para evitar el control ciudadano.
La Municipalidad de Luque solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la audiencia pública de rendición de cuentas del intendente Carlos Echeverría, luego de que dos instancias judiciales ordenaran la realización de dicha convocatoria para informar sobre la gestión municipal correspondiente al ejercicio 2025.
La nueva movida judicial fue cuestionada por la coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Luque, la abogada Mirian Franco, quien calificó la acción promovida por la Municipalidad como una “chicana jurídica” destinada a impedir la participación ciudadana y el debate público.
Según explicó Franco, la Municipalidad presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra el Acuerdo y Sentencia N.º 75/26, buscando dejar sin efecto la obligación de convocar a la audiencia pública.
“Lamentamos profundamente que el Intendente recurra, una vez más, a chicanas judiciales para impedir la participación ciudadana y el debate público”, expresó la abogada a través de un pronunciamiento difundido por la organización.
La representante de la CCL sostuvo además que “la transparencia y la rendición de cuentas no deberían ser vistas como amenazas, sino como obligaciones inherentes a toda gestión democrática”.
La Justicia ya había ratificado la obligación de convocar
El pedido presentado ante la Corte se produce luego de que el Tribunal de Apelación, Primera Sala, en lo Civil, Comercial y Laboral de San Lorenzo, confirmara por unanimidad la resolución judicial que obliga al intendente luqueño a convocar una audiencia pública de rendición de cuentas.
El Tribunal rechazó el recurso de apelación promovido por la Municipalidad de Luque y confirmó íntegramente la Sentencia Definitiva N.º 150, emitida el pasado 4 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia de J. Augusto Saldívar.
En aquella resolución, la Justicia hizo lugar al amparo promovido por la Contraloría Ciudadana de Luque y ordenó al jefe comunal convocar una audiencia pública en un plazo máximo de 30 días hábiles.
De acuerdo con la disposición judicial, la Municipalidad tendría plazo hasta el próximo 18 de junio para realizar la audiencia pública y exponer ante la ciudadanía los detalles de la administración municipal del ejercicio 2025.
Municipio alegó falta de urgencia y cuestionó a integrantes de la CCL
La apelación municipal había sido presentada por el abogado Alfredo Raúl Salinas, en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad.
Entre los argumentos expuestos, el municipio sostuvo que el amparo promovido por la CCL carecía de “urgencia constitucional” y afirmó que las audiencias públicas tienen carácter “consultivo y no vinculante”, conforme a la Ordenanza N.º 11/24.
Asimismo, la administración municipal había mencionado un supuesto trasfondo político de la acción judicial y citó al abogado Guillermo Cárdenas, integrante de la Contraloría Ciudadana de Luque. Sin embargo, desde la organización aclararon que Cárdenas no litiga en la causa y que únicamente integra el Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la CCL.
“Una autoridad que no rinde cuentas no merece gobernar”
Desde la Contraloría Ciudadana de Luque insistieron en que el caso vuelve a instalar el debate sobre la transparencia y el acceso a la información pública en la administración municipal.
“La democracia participativa se ejerce los 365 días del año, mediante el control ciudadano, el debate público y la exigencia de transparencia”, manifestó Mirian Franco.
La abogada lanzó además una dura crítica contra la postura asumida por la administración municipal: “Una autoridad que se niega a rendir cuentas a sus mandantes no merece estar al frente de un Municipio”.
No es la primera vez que la gestión de Carlos Echeverría enfrenta una situación similar. El año pasado, otra intervención judicial ya había obligado a la Municipalidad de Luque a convocar una audiencia pública, que finalmente se realizó en febrero de 2025 para informar sobre la gestión correspondiente al ejercicio 2024.
La situación genera nuevamente tensión entre la administración municipal y sectores ciudadanos que reclaman mayor apertura institucional y mecanismos efectivos de control ciudadano.