Un conflicto por la posesión de terrenos mantiene en tensión al asentamiento Flor de Itapuamí, Luque. Un grupo de vecinos denunció la situación durante la sesión ordinaria de este martes de la Junta Municipal y advirtió que la disputa podría agravarse en los próximos días. Ante el escenario, la corporación municipal resolvió convocar a las partes involucradas y a la directora de Territorios Sociales, Rut Duarte, a una reunión prevista para este jueves 16 de julio.
Un grupo de mujeres que se identificó como pobladoras y fundadoras del asentamiento Flor de Itapuamí acudió este martes a la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Luque para denunciar un conflicto por la posesión de lotes que, según advirtieron, podría derivar en enfrentamientos si las autoridades no intervienen.
Entre las voceras estuvieron Sonia Sosa y Bernardina Pérez, quienes afirmaron que forman parte de las familias pioneras del asentamiento desde hace nueve años. Explicaron que, en ese tiempo, realizaron gestiones para la regularización de las tierras y sostuvieron que una parte del inmueble ya no pertenece al INDERT, sino que corresponde a un predio privado en proceso de expropiación.
Según manifestaron, son ocupantes de buena fe y esperan que el proceso concluya con la entrega de los títulos de propiedad a numerosas familias. Además, señalaron que en uno de los lotes proyectan construir una iglesia, una guardería y una vivienda destinada al pastor de la congregación.
Las denunciantes responsabilizaron del conflicto a la comisión vecinal Pro Plaza, presidida por Deisy Ramírez, a la que acusaron de intentar desalojar a familias asentadas en el lugar. Aseguraron que integrantes de ese grupo ingresaron sin autorización a viviendas particulares y promovieron acciones para expulsar a los ocupantes.
«Nadie tiene derecho a entrar a una casa ajena. Están actuando de forma violenta y vandálica, echando a la gente de sus viviendas», expresó una de las pobladoras durante la sesión.
Las mujeres también solicitaron a la Junta Municipal que deje sin efecto el reconocimiento de la comisión Pro Plaza y que convoque a una nueva asamblea vecinal para elegir una representación legítima del asentamiento. En contrapartida, pidieron el reconocimiento de la comisión encabezada por Bernardina Pérez.
Como ejemplo del nivel de tensión existente, una de las denunciantes relató que, al regresar a su vivienda, encontró a una joven levantando una precaria construcción dentro de su patio, situación que la obligó a intervenir para impedir la ocupación de su terreno.
Ante la gravedad de las denuncias, el presidente de la Junta Municipal, Enrique Quintana, presentó una moción —acompañada por la concejala Francisca Franco— para convocar a una reunión entre las partes en conflicto y la directora de Territorios Sociales, Rut Duarte. El encuentro fue fijado para este jueves 16 de julio con el objetivo de buscar una solución pacífica y evitar que la disputa escale.
Posición del concejal Manolo
Durante el debate, el concejal José Manuel Achucarro Gill (Manolo) dejó en claro que no respalda la ocupación de propiedades privadas y rechazó las versiones que vinculan a la Junta Municipal con supuestos apoyos a invasiones de tierras.
«Todo paraguayo tiene derecho a acceder a una vivienda y a la tierra, pero siempre respetando la propiedad privada. Esta banca no acompañará ninguna invasión. Si existe un proceso de expropiación, debe seguir el camino legal correspondiente», manifestó.
Por su parte, la concejala Francisca Franco sostuvo que el papel de la Junta debe ser el de mediadora para evitar que el conflicto entre vecinos se agrave, motivo por el cual respaldó la convocatoria a la directora de Territorios Sociales.
Reacción de las mujeres
En respuesta a esas intervenciones, una de las pobladoras rechazó que las familias sean calificadas como invasoras. «No somos invasoras de una propiedad privada. Somos ocupantes de buena fe de un inmueble que está en proceso de expropiación», afirmó.
La mujer agregó que la presidenta de la comisión Pro Plaza estaría utilizando el nombre de la Municipalidad para intentar decidir quién puede permanecer o no en los terrenos en disputa, y advirtió que, si no se toman medidas urgentes, el conflicto «podría derivar en nuevos enfrentamientos e incluso terminar con consecuencias fatales».
Luque al Día está disposición de las personas nombradas en esta denuncia, entre ellas Deisy Ramírez, para publicar su versión.