Víctimas se manifestaron frente a la Municipalidad y luego se reunieron con concejales. Hablan de un supuesto esquema irregular que afectaría a varias familias.
Una protesta de personas que aseguran haber sido despojadas o estar en riesgo de perder sus propiedades se realizó en la mañana del jueves 23 de abril frente a la sede central de la Municipalidad de Luque, en el barrio Maka’í. Ese mismo día, los afectados participaron de una reunión con la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal, presidida por el concejal Arnaldo Baeza.
Según los manifestantes, existirían varios casos similares en el distrito, donde propietarios con títulos en regla estarían siendo afectados por supuestos procedimientos irregulares. Durante la jornada, tanto en la protesta como en la reunión, se denunciaron presuntas complicidades entre funcionarios municipales, autoridades locales y sectores privados.
La concejala Belén Maldonado calificó la situación como “gravísima” y afirmó que se trata de una problemática de larga data. Señaló que operaría un “esquema mafioso” que involucraría a distintos sectores, afectando incluso a familias con décadas de residencia en sus propiedades. “Todo Luque sabe que se están llevando terrenos, incluso de personas con títulos en mano”, expresó, cuestionando además el rol de instituciones que deberían garantizar la propiedad privada.
Uno de los casos expuestos fue el de la familia Ozcariz. Alexis Ozcariz relató que en agosto de 2024 su propiedad fue intervenida con maquinarias municipales sin orden judicial ni notificación previa, bajo el argumento de trabajos en la zona de la plazoleta Las Residentas, en Campo Grande. Indicó que el inmueble fue adjudicado en 1970 a su abuelo, excombatiente de la Guerra del Chaco, por el entonces Instituto de Bienestar Rural (actual INDERT).
El denunciante sostuvo que, pese a contar con título, registros actualizados y pago de impuestos al día, su propiedad es reclamada por terceros mediante documentos que considera irregulares. También mencionó la participación de abogados vinculados al municipio representando a supuestos nuevos propietarios, e incluso la reventa del inmueble pese a la existencia de medidas cautelares.
La abogada de la familia, Ingrid Schäfer, explicó que uno de los títulos en conflicto correspondería a un terreno municipal adjudicado en diciembre de 2023 a un particular. Aseguró que, según pericias, ambos inmuebles pertenecen a fincas distintas y están ubicados en lugares diferentes, lo que evidenciaría una superposición irregular.
Otras familias también expusieron sus casos ante los concejales, insistiendo en una supuesta complicidad institucional en los procesos que denuncian.
La reunión estuvo marcada por momentos de tensión. En medio del encuentro, el concejal Arnaldo Baeza se retiró de la sala, mientras los afectados continuaron dialogando con otros ediles.
Las denuncias, de carácter grave, apuntan a posibles irregularidades que deberían ser investigadas por las autoridades competentes. Hasta el momento, no se reportaron denuncias formales con la identificación completa de todos los supuestos responsables.