El Viceministerio de Transporte abrió un sumario administrativo a 28 empresas de transporte del área metropolitana, alcanzando a cuatro empresas de la ciudad de Luque. La medida responde al incumplimiento del servicio y las excesivas reguladas registradas el pasado sábado y domingo, que dejaron a miles de usuarios a su suerte.
Dentro del listado oficial de las empresas bajo la lupa, figuran varias de las principales prestatarias que conectan a la «Ciudad de la Música» con la capital y otras localidades. Entre las empresas sumariadas que afectan directamente a los luqueños se encuentran:
Línea 5 (Ciudad de Luque S.R.L.): Una de las internas y de conexión intermunicipal más utilizadas.
Línea 28 (Gral. Aquino S.R.L.): Vital para el traslado de pasajeros sobre el eje de la ruta principal hasta Asunción.
Línea 30 (Vanguardia S.A.C.I.): Con su histórico recorrido que une la ciudad de Luque con la capital del país y otras ciudades vecinas.
Línea 49-220 (La Limpeña S.R.L.): Empresa clave para los usuarios que circulan en las zonas limítrofes, uniendo las ciudades de Limpio, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Villa Elisa. En tanto, la Línea 220 une Luque con Asunción a través de San Lorenzo y Fernando de la Mora.
Un golpe al bolsillo del trabajador
Según el reporte oficial, la interrupción del servicio —ya sea total o parcial— constituye una falta grave y una «burla al contrato con el Estado». Durante el fin de semana, ante la incertidumbre y la falta de colectivos, muchos trabajadores se vieron obligados a recurrir a plataformas de transporte privado, gastando mucho más de lo previsto, o incluso a caminar largas distancias.
Sanciones en camino
Desde el MOPC recalcaron que el transporte es un derecho básico y que las empresas tienen la obligación legal de garantizar la conectividad, sin importar si se trata de feriados o fines de semana.
El sumario administrativo buscará determinar el grado de responsabilidad de cada empresa (nucleadas en Cetrapam y Ucetrama) para aplicar las multas y sanciones correspondientes por interrumpir un servicio público considerado imprescindible.
Entre las sanciones están: anulación de licencias, multas económicas, congelamiento de subsidios e incautación o retención de las unidades de las empresas afectadas.