El fiscal de la Unidad Penal N.º 4 de Luque, Orlando Paiva, imputó a dos funcionarios judiciales por el supuesto delito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, tras una denuncia presentada por Carlos Espinoza. El caso se originó en un juicio ejecutivo en el que el denunciante asegura nunca haber participado y en el que fue notificado reiteradamente en una dirección del barrio Trinidad de Asunción, pese a residir en la ciudad de Pilar.
Tras analizar la denuncia y los antecedentes del caso, el agente fiscal Orlando Paiva resolvió imputar a Viriana E. C. y René R. R., ujier y oficial de justicia, respectivamente, por el supuesto delito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, tipificado en el artículo 250 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 inciso 1° del mismo cuerpo legal.
La imputación se da dentro de la causa N.º 3.511/25, abierta para investigar un supuesto hecho punible contra la propiedad (estafa). En esta etapa del proceso investigativo quedaron fuera de la imputación la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Patricia Samaniego, y la actuaria judicial María José M.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en febrero de 2025 por Carlos Espinoza, quien afirmó haber sufrido el embargo de su cuenta judicial para pagar un préstamo de G. 22.000.000, pese a que —según sostiene— la deuda ya había sido cancelada años atrás. En el finiquito judicial, además del capital, también se le exigía el pago de intereses y de las costas judiciales.
El embargo fue ordenado dentro de un juicio iniciado en 2016, identificado como expediente N.º 375, folio 19, caratulado “Líder Vicente González c/ Carlos Espinoza s/ Acción preparatoria del Juicio Ejecutivo”. Sin embargo, el denunciante sostiene que nunca participó en ese proceso ni fue notificado formalmente sobre su existencia.
Según su relato, recién en 2020 tuvo conocimiento de la demanda en su contra y en 2021 pudo acceder a las copias del expediente, cuando el embargo ya había sido solicitado.
Al revisar la documentación, Espinoza aseguró haber detectado presuntas irregularidades en las notificaciones judiciales. De acuerdo con los documentos, todas habrían sido realizadas en una dirección ubicada en Santísima Trinidad esquina Bogotá, barrio Trinidad de Asunción. El denunciante sostiene que las notificaciones serían ficticias, ya que reside en la ciudad de Pilar.
De acuerdo con el acta de denuncia, Espinoza habría solicitado en 2015 un préstamo de G. 22.000.000 a la empresa de Líder Vicente González, firmando un pagaré por el monto solicitado. Señaló que la deuda fue cancelada en marzo de 2016, mediante descuentos realizados directamente de su salario.
Posteriormente, en mayo de 2016, fue desvinculado de la empresa y —según afirmó— le negaron la devolución del pagaré firmado. Posteriormente, inició un juicio laboral contra la firma bajo el expediente “Carlos Espinoza c/ Líder González s/ cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales”.
Años después, sin embargo, se enteró de la existencia del proceso judicial que derivó en el embargo de su cuenta, dentro de un juicio en el que —según insiste— nunca fue notificado en su domicilio real.
Con base en los elementos reunidos durante la investigación preliminar, el Ministerio Público concluyó que existen indicios suficientes para imputar a los funcionarios mencionados por la presunta producción de documentos públicos de contenido falso, en relación con las notificaciones incorporadas al expediente.
El caso se suma a una serie de denuncias similares conocidas públicamente en los últimos tiempos, que apuntan a presuntas irregularidades en procesos judiciales vinculados al cobro de pagarés, un esquema que ha sido denunciado en distintos ámbitos como parte de la denominada “mafia de los pagarés”.