Más de 17.000 personas en Paraguay denuncian haber sido atrapadas por un entramado que inflaba pagarés, ejecutaba deudas ya saldadas y embargaba salarios sin control. En un programa del canal capitalino NPY, la abogada Diana Vargas y varias víctimas calificaron el caso como “un monstruo” al que nadie logra dominar. Ayer, lunes 3 de noviembre, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes señalan por su presunta complicidad e inacción.
El esquema conocido como la “mafia de los pagarés” es investigado por la justicia paraguaya y, según denuncian las víctimas, involucra a casas de cobranza, estudios jurídicos y funcionarios del Poder Judicial —jueces, actuarios, ujieres y otros— que habrían promovido juicios ejecutivos fraudulentos.
La coordinadora que agrupa a los afectados estima que más de 17.000 personas en todo el país fueron perjudicadas por este mecanismo, que operaba de la siguiente manera: se reutilizaban pagarés ya cancelados o se atribuían documentos que jamás fueron solicitados por la víctima. Estos papeles se presentaban en distintos juzgados al mismo tiempo o se ejecutaban sin la debida notificación. Tras ello, se imponían embargos automáticos sobre salarios de docentes, enfermeros, militares, policías y otros funcionarios del Estado.
Durante la charla periodística emitida esta tarde, martes 4 de noviembre, las víctimas insistieron en que el problema “no tiene quien lo domine”. Relataron cómo deudas originalmente pequeñas —de apenas unos millones de guaraníes— se transformaron en montos desproporcionados. “Cómo una deuda de un millón de guaraníes se convierte en 3.000 millones; una locura”, señaló la periodista Estela Ruiz durante la transmisión.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de la profesora Liz Prieto, quien contó que en 2016 firmó un pagaré de apenas un millón de guaraníes y que, en 2017, comenzaron los descuentos automáticos en su salario. Asegura haber pagado ya 78 millones, pero aún le reclaman cerca de 3.000 millones.
Además de los montos astronómicos, las víctimas denunciaron acoso y hostigamiento por parte de abogados de casas de cobro, así como un clima de impunidad en los juzgados. “Esta gente no tiene miedo a nadie, ni a Dios”, lamentó una afectada. Otra víctima agregó: “El docente no tiene tiempo de ir y venir a hacer trámites; tiene que preparar clases y atender las responsabilidades del hogar”.
Frente a esta situación, la Coordinadora de Víctimas presentó el lunes 3 de noviembre un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos César Diésel, presidente del organismo judicial. Consideran que, si no son cómplices, han sido al menos “inducidos, presionados o incapaces” de frenar el esquema.
El documento presentado, de cerca de 149 páginas, sostiene que los ministros incurrieron en mal desempeño de funciones, desconocimiento de la Constitución y violaciones a derechos humanos.
Desde la Cámara de Diputados reconocieron la gravedad del caso. El diputado Hugo Meza afirmó que “hemos visto muy pocas medidas de reparación ante el enorme daño causado a estos ciudadanos” y que “no se puede descartar la posibilidad de iniciar el juicio político”.
Una de las mayores preocupaciones de las víctimas es el lento avance en la reparación o nulidad de embargos y deudas infladas. Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta mayo de 2025 habían remitido 129 casos judicializados de víctimas del esquema, con montos que superan los 1.346 millones de guaraníes. Este “monstruo” de la mafia de los pagarés continúa afectando a miles de paraguayos, que reclaman la implementación de un mecanismo de reparación integral, la reversión de los embargos automáticos y sanciones firmes para los responsables dentro del sistema judicial.