Organizaciones que defienden la soberanía nacional en Itaipú presentaron este miércoles 4 de marzo una denuncia formal ante la Contraloría General de la República (CGR). Sostienen que decretos recientes y subsidios a criptomineras provocarían pérdidas millonarias y comprometerían el futuro energético del país.
Dos organizaciones que promueven la causa y la soberanía nacional en la Entidad Binacional Itaipú (EBY) presentaron este miércoles 4 de marzo una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), dirigida al contralor general, Dr. Camilo Benítez Aldana.
La nota lleva como referencia: “El ilegal y descomunal saqueo de nuestra energía hidroeléctrica y vaciamiento de la ANDE”, y se basa en un estudio técnico de 48 páginas que acompaña la presentación.
¿Qué denuncian?
Según el documento, entre 2023 y 2025 la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) habría sufrido un vaciamiento estimado en 582,2 millones de dólares, principalmente por subsidios a criptomineras y otras industrias electrointensivas. Además, si persiste esta situación, el valor de este vaciamiento se elevaría en por lo menos 388,1 millones de dólares adicionales en el 2026, con lo cual la cifra se elevaría a 970,3 millones de dólares en diciembre próximo.
La denuncia sostiene que la situación podría agravarse con los decretos 5.306/2026 y 5.307/2026, además del decreto N° 7.824/2022, que —según los firmantes— establecen tarifas eléctricas por debajo del costo para sectores denominados “industrias convergentes”, como bases de datos, plantas de hidrógeno y operaciones de criptominería.
De acuerdo con el estudio presentado, si estas normativas continúan vigentes, el país podría enfrentar pérdidas acumuladas de hasta 80.000 millones de dólares entre 2027 y 2041, cifra equivalente a 1,5 veces el Producto Interno Bruto (PIB) actual del Paraguay, siempre según los denunciantes.
Impacto en la ciudadanía
El informe advierte que el esquema tarifario cuestionado comprometería la estabilidad financiera del sistema eléctrico nacional y derivaría en aumentos de tarifas para los usuarios comunes antes del 2030.
Asimismo, sostiene que el país perdería su principal ventaja comparativa: energía hidroeléctrica abundante y a bajo costo. Según el documento, las empresas beneficiadas generarían considerablemente menos empleo por unidad de energía consumida en comparación con otros sectores productivos.
Pedido a la Contraloría
Las organizaciones solicitan a la CGR:
– Corroborar los daños económicos ya producidos y los que podrían generarse.
– Analizar la legalidad y conveniencia de derogar los decretos cuestionados.
– Impulsar la imputación de los responsables en caso de confirmarse irregularidades.
– También instan a que se revisen los contratos vigentes con empresas de criptominería y que la ANDE cobre la tarifa equivalente al costo real de la energía, conforme a su Carta Orgánica.
Llamado a investigación
En la presentación se afirma que la magnitud de las cifras amerita una investigación “inmediata y rigurosa”, tanto por parte de la Contraloría General de la República (CGR) como del Ministerio Público.
El documento concluye señalando que “el presente y futuro del país están en juego” y que, de no adoptarse medidas, el impacto sería irreversible para el sistema eléctrico nacional y la economía paraguaya.
La CGR deberá ahora analizar la denuncia y determinar los pasos a seguir en el marco de sus atribuciones legales.