Afectados por la ampliación de la Ruta PY02 y la construcción de una autopista elevada sobre el casco urbano de Luque, se manifestaron en la tarde-noche del viernes 19 de septiembre, a un costado de la ruta Luque–San Bernardino, a la altura del kilómetro 18, en la zona de Cañada Garay, jurisdicción del municipio de Luque.
En un momento crítico de la protesta, se temió un desborde cuando un grupo de manifestantes intentó cruzar la transitada ruta, lo que generó fuertes discusiones con agentes policiales que custodiaban la zona para evitar la interrupción total del tránsito.
La manifestación comenzó alrededor de las 19:00, en plena hora pico, ralentizando completamente el tráfico sobre la ruta Luque–San Bernardino. Muchos automovilistas que regresaban de sus trabajos o se dirigían al interior del país para pasar el fin de semana se vieron atrapados en largas filas.
Los manifestantes expresaron su oposición al megaproyecto por diversas razones, principalmente porque el trazado afectaría antiguas viviendas entre Ypacaraí y Luque, impactando directamente el arraigo de numerosas familias.
El proyecto, que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tiene un costo estimado de 180 millones de dólares. Las obras estarán a cargo del consorcio Rutas del Este, conformado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A. La iniciativa ha sido presentada en jornadas de socialización en diferentes localidades afectadas, pero los vecinos sostienen que sus preocupaciones no han sido debidamente atendidas.
Con batucadas y pancartas, alrededor de 250 personas reiteraron su rechazo al proyecto, que en Luque atravesaría zonas clave como la ciclovía Valois Rivarola y la histórica Estación del Ferrocarril, llegando hasta la avenida Ñú Guazu y la autopista Silvio Pettirossi. Durante la protesta, también se escucharon consignas contra el senador Luis Pettengill, cuya empresa está vinculada a la realización de las obras.
En los sectores de Cañada Garay y Yuquyry, los manifestantes advirtieron que las obras afectarían dos instituciones educativas —el colegio San Martín de Porres y la escuela Héroes Luqueños— así como el funcionamiento de la aguatería local, que distribuye agua potable a unos 3.500 usuarios.
La protesta duró aproximadamente dos horas. En uno de los momentos más tensos, se produjo un altercado con la Policía cuando un grupo intentó cruzar la ruta. Tras una breve negociación, se permitió que la mitad de los manifestantes continuara la protesta al otro lado de la vía.
El tráfico quedó completamente congestionado, lo que provocó extensas demoras. Incluso algunos medios de prensa no pudieron llegar a tiempo para cubrir la manifestación debido al colapso vehicular.
Durante la manifestación se hicieron presentes los concejales Carlos Pérez (PLRA) y José Achucarro (PLRA), como también ex concejales de la ciudad, como Jorge Acosta.
El fiscal Jorge Escobar se hizo presente por orden del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el objetivo de garantizar el respeto a dos derechos fundamentales: el derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito. En declaraciones al medio local Luque al Día, Escobar señaló que ambos derechos fueron respetados y que la manifestación se desarrolló de forma pacífica.