El concejal Diego Romero (ANR) presentó una minuta para conformar una Comisión Especial de Fiscalización del programa Hambre Cero en Luque, luego del grave accidente laboral en el que un joven trabajador de 20 años perdió una mano mientras operaba una maquinaria, presuntamente sin cobertura social. La propuesta apunta a realizar controles in situ y aleatorios en las instituciones educativas para verificar la calidad y cantidad de las raciones servidas, requerir informes al Ministerio de Trabajo y recibir denuncias anónimas, garantizando la protección de los afectados.
La implementación del programa nacional de alimentación escolar “Hambre Cero” en el distrito de Luque quedó bajo cuestionamiento tras la presentación de una minuta por parte del concejal Diego Romero Orué ante la Junta Municipal, en la que solicita la creación de una Comisión Especial de Fiscalización.
El pedido surge a raíz de un accidente laboral ocurrido días atrás, cuando un joven de 20 años, en su quinto día de trabajo en una empresa vinculada al programa, sufrió la amputación de una de sus manos mientras operaba una maquinaria considerada de alto riesgo. Según se consigna en la minuta, el trabajador habría sido auxiliado por un compañero y existirían dudas sobre su inscripción en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El edil sostiene que este hecho expone posibles falencias en materia de seguridad industrial, capacitación del personal y cumplimiento de las normas laborales básicas, en el marco de un programa financiado con recursos públicos.
Además del accidente, el concejal refiere haber recibido múltiples denuncias de trabajadores y personas vinculadas al proyecto, quienes señalan supuestas irregularidades como salarios por debajo del mínimo legal, falta de seguro social, presunta persecución política, posibles desvinculaciones por motivos partidarios y presuntos condicionamientos para conservar el empleo.
La Comisión Especial propuesta tendría la facultad de realizar fiscalizaciones presenciales y aleatorias en las escuelas del distrito para constatar la calidad y cantidad de los alimentos distribuidos a los estudiantes. También podría requerir informes oficiales al Ministerio de Trabajo y habilitar canales para recibir denuncias anónimas, con el objetivo de resguardar la identidad de los denunciantes.
Romero argumenta que el contrato vigente con la Municipalidad de Luque, firmado en septiembre de 2023, compromete recursos millonarios. En su minuta, citando como fuente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), menciona que el monto comprometido asciende a casi 50.000.000 de guaraníes, lo que —según señala— amerita un control estricto para garantizar que los fondos públicos sean ejecutados conforme a la ley y en beneficio de los estudiantes.
“El llamado es a toda persona que sea víctima de presuntas irregularidades o extorsión laboral a acercarse de manera anónima para garantizar la correcta ejecución del programa”, expresa el documento fechado el 3 de marzo de 2026.
En la minuta no se menciona el nombre ni la razón social de la empresa aludida. No obstante, Luque al Día queda abierto a recibir la versión de la firma involucrada, en respeto al derecho a réplica.