La jornada informativa organizada este martes 19 de agosto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sobre la construcción de una autopista elevada de casi 4 kilómetros sobre la antigua vía del tren, se desarrolló en medio de protestas, abucheos y fuertes cuestionamientos de pobladores afectados y dirigentes locales.
Dicha jornada se llevó a cabo en el salón “Segunda Capital de la República” de la antigua sede de la Municipalidad de Luque, en horas de la mañana y parte de la tarde. Los representantes del MOPC y de las empresas concesionarias —Rutas del Este y Sustentar— fueron acusados de “mentirosos” y de atropellar los intereses ciudadanos, además de poner en riesgo patrimonios históricos y ambientales de las ciudades involucradas.
Presentación oficial del proyecto
En la primera parte del encuentro, las funcionarias del MOPC, María Esther Granada y Carolina Agüero, expusieron los alcances del proyecto. Granada explicó que la obra, con un costo estimado de 180 millones de dólares, surge como respuesta a la creciente congestión vehicular del área metropolitana de Asunción.
“El proyecto contempla expropiaciones, gestiones socioambientales y la socialización con las comunidades, que es lo que estamos haciendo ahora”, señaló. La funcionaria detalló que la autopista impactará en seis distritos: Luque, Emboscada, San Bernardino, Ypacaraí, Itauguá y Areguá.
Según un video institucional presentado, la obra tendrá dos corredores viales que conectarán el Gran Asunción con el interior del país. Uno iniciará en el km 41 de la ruta PY02, mejorando la accesibilidad por Ypacarai, Patiño, Areguá y Luque, y el otro en el km 43, con la promesa de reducir el viaje de Asunción a San Bernardino a solo 20 minutos.
Por su parte, Agüero indicó que se trabaja en el relevamiento de datos de los inmuebles a ser expropiados y aseguró que las indemnizaciones se pagarán “a valor de mercado y no fiscal”. Sin embargo, evitó precisar montos o la cantidad de familias afectadas.
Rechazo ciudadano
En la segunda parte de la jornada, alrededor de 15 representantes vecinales, dirigentes sociales y concejales tomaron la palabra. El 90% de ellos rechazó el proyecto, en un clima cargado de abucheos hacia los expositores e incluso hacia quienes intentaban apoyar la iniciativa.
Los pobladores cuestionaron que la autopista no contempla compensaciones por la destrucción de la ciclovía Valois Rivarola, ni soluciones pluviales para barrios vulnerables como San Juan, en Luque, que podrían quedar bajo agua en días de lluvia. También denunciaron la ausencia de propuestas de viviendas sociales para familias que viven en la franja ferroviaria, así como la falta de estudios serios sobre impacto ambiental, calidad del aire y afectación de humedales.
El concejal luqueño José Manuel Achucarro Gill sostuvo que la obra “ya viene cocinada” y que no beneficiará a los luqueños. “Nadie les cree”, lanzó a los representantes del MOPC.
En tanto, el concejal asunceno Pablo Callizo advirtió que la capital también sufrirá impactos negativos, con mayor congestión en la zona de los parques y del Jardín Botánico. Según dijo, el proyecto afectará a 1.200 personas, por lo que instó al MOPC a rediseñar el plan para evitar daños a humedales, al patrimonio histórico y a la calidad de vida de los vecinos.
La dirigente Miran Ramírez fue aún más contundente: acusó al proyecto de “violar derechos humanos” al atropellar viviendas y anunció que recurrirán a instancias judiciales nacionales e internacionales para frenar la construcción.
Críticas al municipio
Los asistentes también cuestionaron la ausencia del intendente Carlos Echeverría, aunque sí estuvieron presentes algunos directores y concejales oficialistas. La directora de Gabinete, Tania Bavera, defendió la postura municipal y aseguró que la Intendencia fue la que gestionó la presentación del proyecto ante la ciudadanía.
Próximos pasos
De acuerdo con lo anunciado por el MOPC, la construcción de la autopista elevada comenzará en septiembre próximo, bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) con la empresa Rutas del Este, que será responsable del diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y explotación de la obra por 30 años. Mientras tanto, las comunidades afectadas adelantaron que continuarán con la resistencia ciudadana y la presentación de acciones legales para frenar lo que consideran una imposición del Gobierno central.