La alarmante proliferación de vertederos clandestinos y la persistente quema de residuos domiciliarios han puesto en jaque la salud ambiental y humana en el municipio de Luque. La inacción municipal y la falta de denuncia ciudadana alimentan un problema que crece sin control, evidenciando la operación de recolectores clandestinos y la indiferencia ante una problemática sancionada por ley.
La postal de un municipio de Luque cada vez más contaminado se dibuja con la aparición constante de vertederos clandestinos en distintos puntos neurálgicos. Desde la zona baja de Campo Grande, específicamente en el barrio Gral. Caballero, pasando por Punta Carreta, cerca de Palma Loma, la compañía Cañada Garay, el barrio San Carlos, hasta Isla Bogado, la presencia de montículos de basura, algunos de dimensiones preocupantes y a plena vista de los vecinos, clama por una intervención urgente.
La situación en Isla Bogado es particularmente crítica. Un lote entero se ha convertido, durante meses o quizás años, en un depósito ilegal de residuos domiciliarios. Este escenario no solo revela la existencia de una recolección informal de basuras, sino también la impunidad con la que se opera, ya que en la reciente visita de este medio se constató un aumento significativo de los desechos en comparación con enero pasado.
La hipótesis de la operación de recolectores de basura no habilitados por la Municipalidad cobra fuerza ante la dispersión y el tamaño de estos focos de contaminación. Carritos, motocarros y camiones, actuando al margen de la ley, recorren barrios y compañías cobrando clandestinamente a los vecinos, quienes, paradójicamente, no denuncian la existencia de estos vertederos que terminan afectándolos directamente.
El problema se agudiza con la irresponsabilidad de algunos pobladores y fábricas que utilizan los cauces hídricos como basureros. En épocas de lluvia, los raudales arrastran y diseminan estos desperdicios, dejando un rastro de contaminación en la vegetación ribereña.
La preocupación ciudadana comienza a manifestarse. Moisés Mongelos, vecino de la zona Ika’a, relató la reciente intervención de los pobladores ante la aparición de un nuevo mini vertedero, una acción que refleja la creciente inquietud por la falta de soluciones efectivas.
La concejala Francisca Francisca reconoció la complejidad del problema y su impacto tanto ambiental como en la salud pública, manifestando su rechazo a toda práctica dañina para el medio ambiente. En la misma línea, el concejal Iván Velázquez señaló que esta problemática afecta a miles de luqueños.
Hugo Vázquez, activista ciudadano y referente de la Contraloría Ciudadana de Luque (CCL), fue contundente: «Ningún vertedero de residuos domiciliarios puede existir en Luque, porque sencillamente está prohibido». Vázquez enfatizó la responsabilidad de la Municipalidad de Luque, a cargo del abogado Carlos Echeverría, en la corrección de estos «desmanes» a través de sus dependencias.
Luque al Día consultó sobre la problemática a la Lic. Helena Núñez, directora de Medio Ambiente de la comuna local, quien aseguró que en ambos casos (incineración y depósito clandestino de basuras) están trabajando desde la administración municipal, logrando actualizar la ordenanza sobre quema de basuras y están en proceso de actualizar la ordenanza del plan de gestión de residuos sólidos urbanos.
La Ley Nº 716, que sanciona delitos ambientales, establece claramente en su artículo 12 las multas para quienes depositen o incineren basuras en lugares prohibidos, con montos que oscilan entre poco más de 10 millones y 107 millones de guaraníes. Sin embargo, la Lic. Mirian Ramírez, directora de la Fundación Gardenia, advierte que, en Paraguay, «la ley es letra muerta» y que las expectativas de sancionar a los infractores son bajas debido a la burocracia.
En tanto, la ley Nº 3956, en su artículo 13, dice textualmente: «Se prohíbe la quema o incineración y la disposición de residuos sólidos a cielo abierto, en cursos de agua, en lagos o lagunas o en los lugares de disposición final que no sean rellenos sanitarios. Se prohíbe también la participación de menores de edad en cualquiera de las etapas de la gestión».
La realidad en Luque exige una acción coordinada y urgente. La salud de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente no pueden seguir siendo víctimas de la inoperancia y la falta de conciencia. Es momento de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad, implementen controles efectivos, sancionen a los infractores y promuevan la denuncia ciudadana para erradicar de una vez por todas estos focos de contaminación que amenazan el futuro de Luque.