Concejales plantean que el intendente de Luque, Carlos Echeverría, inicie una acción de inconstitucionalidad contra la ley Nº 7.447/25, que unifica y establece nuevas tarifas de habilitación vehicular en las municipalidades del país, salvo Asunción. El pedido fue presentado en la primera sesión del año de la Junta Municipal, ayer martes 21 de enero, por la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo tratamiento sin embargo fue pospuesto para mañana jueves.
En la sesión de ayer martes 21 de enero, se presentaron dos mociones para el tratamiento del pedido de acción de inconstitucionalidad contra la ley 7.447/25. La bancada del PLRA, mediante una minuta, solicitó que se trate sobre tabla, a fin de urgir al intendente Echeverría a tramitar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la bancada colorada propuso que tal pedido se gire a comisiones, para ser analizado en su reunión habitual de los jueves, en este caso para mañana 23 de enero.
En la votación ganó por seis votos la moción colorada, que fue presentada por el concejal Arnaldo D. Baeza, secundada por los concejales Ramón Servín y Diego Romero, ambos de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La moción liberal obtuvo cinco votos y fue presentada por la concejala Francisca Franco, secundada por los concejales liberales Rómulo Pérez y José M. Achucarro Gill.
Entre las argumentaciones de la moción ganadora mencionaron la necesidad de un tratamiento más exhaustivo del pedido de la citada acción de inconstitucionalidad, porque también ven como aspecto positivo que las habilitaciones se unifiquen teniendo en cuenta que con el régimen anterior había propietarios que se iban a Areguá para sacar su habilitación, por las diferencias de precios existentes entre ambos municipios.
En una parte de la minuta presentada por la bancada liberal, leída por la concejala Franco, se cita a la ley Nº 3.966 Orgánica Municipal, que en su capítulo II, artículo 5º reza lo siguiente: “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, de conformidad al Artículo 166 de la Constitución Nacional”.
El concejal Achucarro Gill calificó de “avasallamiento a la autoridad municipal” la nueva ley que fue promulgada el pasado 6 de enero por el presidente Santiago Peña, y a renglón seguido exhortó a que el municipio de Luque, al igual que otros municipios como Ñemby, Minga Porã, Ciudad del Este, presente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el concejal Pérez expresó que esta ley (la 7.447/25) representa “un despojo a la ciudadanía, porque contiene altos costos para la habilitación de la patente vehicular”. Agregó que “desde el punto de vista de la justicia tributaria, es totalmente inconstitucional”.
Indicó que los precios fijados en la nueva ley son “absolutamente antojadiza, porque no puede ser que un vehículo de alta gama a partir de ahora comience a pagar menos y el costo de la patente de un vehículo común se haya disparado”. Puso como ejemplo que para la suba del Impuesto Inmobiliario se tiene en cuenta la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) y que para la aprobación de esta ley no se hizo ninguna referencia a esta variación, y fue aprobada “sin sustento y sin ninguna racionalidad”.
Contraloría Ciudadana
Al pedido hecho por los concejales, se sumó la Contraloría Ciudadana de Luque (CCL), a través de una nota que presentó ayer martes 21 de enero al intendente Carlos Echeverría, solicitando a misma acción de inconstitucionalidad contra la ley 7.447/25.
Entra otros argumentos y consideraciones, la nota de la CCL alerta sobre el “impacto económico significativo” que tendrá la aplicación de esta ley sobre los contribuyentes, teniendo en cuenta que el aumento de los costos para las habilitaciones de vehículos será considerable. “Esto es preocupante en un momento en que nuestro país está atravesando una crisis económica que afecta a los sectores más vulnerables, y cargarle con esas nuevas obligaciones al sufrido pueblo luqueño solo atraerá más problemas”, se lee en la nota firmada por Mirian Franco, coordinadora, y Araceli González, secretaria.