Por unanimidad, la Junta Municipal de Luque aprobó este martes una resolución que exige al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la realización de una audiencia pública sobre el proyecto de un superviaducto de 4 kilómetros. La obra afectaría a unas 300 familias y podría provocar el desplazamiento de numerosos vecinos y pérdidas económicas a comercios locales.
En sesión ordinaria celebrada este martes 5 de agosto, la Junta Municipal de Luque, compuesta por 12 concejales, aprobó por unanimidad una resolución que exige al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la realización urgente de una audiencia pública informativa sobre el proyecto del viaducto de 4 kilómetros previsto sobre la ciudad.
La resolución insta a que se fije día, hora y garantice amplia difusión del evento, de modo a asegurar la participación ciudadana, en especial de los vecinos directamente afectados por esta obra de gran envergadura. Asimismo, solicita que el MOPC detalle todos los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto, que según denuncias podría impactar sobre aproximadamente 300 familias luqueñas.
El megaproyecto se desarrollaría sobre el trazado de la antigua vía férrea, atravesando barrios como San Juan, Bella Vista, Ika’a y Cañada Garay. La principal preocupación de los pobladores es la posible pérdida de sus viviendas, ya que muchas se encuentran en el trazado estimado del futuro viaducto. Además, comerciantes y orfebres advirtieron sobre un impacto negativo en la economía local, al prever que el tránsito se desviará por la estructura elevada, dejando sin circulación peatonal ni vehicular a calles hoy activas.
La concejala Francisca Franco, junto con otros ediles como Juan Ángel Marecos, José Manuel Achucarro Gill (Manolo), Belén Maldonado y José Meza, alertaron que la Junta Municipal no ha recibido ninguna información oficial del MOPC sobre la iniciativa. Tampoco se han remitido convenios, planos o informes técnicos, lo que genera una gran preocupación institucional por la falta de transparencia.
En reuniones anteriores de la Comisión de Legislación, vecinos relataron que fueron abordados por representantes de una consultora privada, llamada Sustentar, que habría solicitado ingresar a las viviendas para realizar mediciones y recabar datos, supuestamente con fines indemnizatorios. Estas acciones fueron consideradas irregulares y sin respaldo legal por parte de los lugareños.
Entre los testimonios recogidos, también se mencionaron casos de presión para aceptar montos de compensación que rondan los 70 a 80 millones de guaraníes, considerados insuficientes por los frentistas. Asimismo, se advirtió sobre riesgos ambientales, como posibles inundaciones, debido a la alteración de la infraestructura natural que hoy actúa como contención.
Desde la oposición municipal se calificó al proyecto como una amenaza no solo para los hogares, sino también para la identidad urbana y económica de Luque. “El impacto será fuerte, y la ciudad no puede quedar al margen de una decisión de esta magnitud”, manifestaron tras la aprobación de la resolución.
Ahora, la pelota queda en la cancha del MOPC, que deberá responder al clamor ciudadano y municipal con una convocatoria abierta y clara, para que los luqueños puedan finalmente ser escuchados y defendidos en lo que podría ser uno de los mayores proyectos de infraestructura que atraviesa su ciudad.