La Junta Municipal de Luque rechazó, en la sesión de esta mañana (28/01), el tratamiento de la minuta sobre la recomendación o pedido al intendente para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley Nº 7.447/25, que entró en vigencia en los primeros días de enero y unifica y establece nuevas tarifas de habilitación vehicular en las municipalidades del país, salvo Asunción.
En la sesión de esta mañana de la Junta Municipal de Luque se presentaron dos mociones, una de la bancada colorada y otra del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En representación de la primera bancada, el concejal Arnaldo Baeza (ANR) solicitó que la minuta sobre el pedido de inconstitucionalidad contra la ley 7.447 sea retirada y girada nuevamente a comisiones, argumentando que el consejo de intendentes del país, en su reunión de ayer (27/01), resolvió solicitar la suspensión de la vigencia de esta ley, hasta tanto se logre una modificación de la misma, especialmente en cuanto a los montos exorbitantes establecidos para la habilitación vehicular.
El concejal colorado dijo estar de acuerdo con el pedido de la acción de inconstitucionalidad, pero pidió aguardar la decisión de los congresistas –de la comisión permanente-, que trataría próximamente la modificación de la normativa, en la búsqueda de montos más razonables y equitativos para los contribuyentes.
Esta propuesta fue secundada por su colega colorado Ramón Servín, concejal suplente que asumió en reemplazo de Rubén González Chávez (ANR), condenado por la justicia meses atrás.
En tanto, la moción de la bancada liberal fue presentada por la concejala Francisca Franco, consistente en aprobar el pedido o la recomendación al intendente Carlos Echeverría a que presente la acción de inconstitucionalidad contra la ley 7.447/25, con el ánimo de sumar presión ciudadana contra la mencionada ley, considerada inconstitucional por varios municipios. Esta moción fue secundada por el concejal José Manuel Achucarro Gill (Manolo) y por varios concejales del PLRA.
Durante la votación, dirigida por el presidente de la corporación municipal, Enrique Quintana, ganó con siete votos la propuesta de la bancada colorada, frente a los cinco votos que obtuvo la moción de la bancada liberal.
El concejal Diego Romero (ANR), crítico a la gestión del intendente Echeverría, votó a favor de la bancada de su partido, porque considera que es razonable aguardar la decisión sobre una eventual modificación de la mencionada ley, en cuanto a la posible reducción de los montos establecidos, pero resaltó el hecho de unificar las tarifas del Impuesto de Patente a los rodados, porque con la ley anterior había propietarios que iban hasta Areguá para sacar su habilitación, por la diferencia de precios existentes entre ambos municipios, perjudicando a las arcas municipales de Luque.
Los montos
La nueva ley fijó un jornal diario (Gs. 107.627) para el cálculo del Impuesto de Patente a los rodados, cuyo monto final depende de la antigüedad de los vehículos. Por ejemplo, un automóvil estreno debe pagar seis jornales diarios, alcanzando la suma total de 645.762 guaraníes; un automóvil nuevo tiene que pagar cinco jornales diarios, alcanzando el monto total de 538.135 guaraníes; un usado debe pagar tres jornales diarios, es decir, un monto total de 322.881 guaraníes, y uno muy usado, dos jornales diarios, totalizando la suma de 215.254 guaraníes.
El mismo cálculo se hace para motocicleta, autobús, ómnibus, automóvil de carga, camioneta, camión, tracto-camión, furgón, maquinaria de transporte o similar, tren y máquina de transporte similar.
Al entrar en vigencia la nueva ley, el 7 de enero pasado, la ciudadanía comenzó a indignarse, sobre todo en las redes sociales, y varios municipios, como Ñemby, San Antonio, Minga Porã y Ciudad del Este, anunciaron la presentación de una acción de inconstitucionalidad para derogarla.
En una nota elevada a la Junta Municipal, la Contraloría Ciudadana de Luque (CCL) también alerta sobre el “impacto económico significativo que tendrá la aplicación de esta ley sobre los contribuyentes, teniendo en cuenta que el aumento de los costos para las habilitaciones de vehículos será considerable. Esto es preocupante en un momento en que nuestro país está atravesando una crisis económica que afecta a los sectores más vulnerables, y cargarle con esas nuevas obligaciones al sufrido pueblo luqueño solo atraerá más problemas”, se lee en la nota firmada por Mirian Franco, coordinadora, y Araceli González, secretaria.