El incendio en el Juzgado de Paz de Luque, registrado el pasado 27 de febrero, fue provocado con líquido inflamable y se descarta la hipótesis de un accidente eléctrico, según el informe pericial que el fiscal Orlando Paiva recibió esta semana de la Corte Suprema de Justicia.
El resultado de la pericia reconfigura el caso como un incendio intencional y abre el camino para investigar quiénes y por qué intentaron eliminar documentación clave en medio de las denuncias que salpican al denominado esquema de la mafia de los pagarés. De esta manera, la causa pasa a denominarse producción de riesgos comunes, un delito que implica provocar un incendio en un lugar cerrado.
Entre los implicados en este escándalo figuran jueces, actuarios, ujieres y abogados –varios de ellos ya apartados de sus funciones-, todos bajos sospecha por presuntas maniobras ilícitas en perjuicio de docentes, personal de blanco y empleados policiales y militares.
Según la pericia elaborada por el perito Derlis Daniel Benítez Cabral, se encontraron pruebas claras de que se utilizó un líquido combustible para iniciar el fuego en el Juzgado de Paz de Luque, lo que descarta un origen accidental o eléctrico.
Ante estas evidencias, el fiscal Paiva comentó que el caso ya no se tratará como un siniestro común, sino bajo la figura de producción de riesgos comunes (art. 303 del Código Penal), un delito que implica provocar intencionalmente un incendio en un lugar cerrado.
El agente fiscal indicó que recibió esta semana el resultado oficial de la pericia proveniente de la Corte Suprema de Justicia, lo que marca un avance importante en la investigación.
Asimismo, anunció que ya se han iniciado diligencias para aclarar quiénes estuvieron involucrados: se citará a todos los funcionarios que trabajaban ese día en el juzgado, se interrogará a quienes presenciaron el siniestro y se evaluará cuál era la posible intención detrás del fuego, en especial si buscaban destruir expedientes.
Cabe destacar que una auditoria ordenada por la Corte Suprema de Justicia al Juzgado de Paz de Luque, que se inició en mayo de este año, reveló graves irregularidades procesales. Tras una selección aleatoria de 1.064 expedientes, se comprobó que dos personas, los testigos Sanny Paniagua Caballero y Aldo Aquino Vera, aparecen repetidamente en casi 600 juicios, muchos asociados a empresas como Comaco SRL y la Cooperativa Virgen del Rosario Luque Ltda.
Además, los auditores detectaron violaciones a derechos como la defensa en juicio, la citación para oponer excepciones y otros trámites esenciales, lo que sugiere un esquema estructurado.
Próximos pasos
Con el informe pericial, la investigación del Ministerio Público dará prioridad para determinar si quién o quiénes ordenaron o facilitaron la quema de los documentos en el Juzgado de Paz de Luque. También se buscará determinar si el incendio tenía la intención específica de ocultar pruebas vinculadas al esquema de los pagarés y revelar la identidad de posibles responsables materiales y políticos del siniestro.
En el contexto del esquema de la mafia de los pagarés, el Ministerio Público imputó a 61 personas, entre jueces de paz, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de firmas de cobranzas.
Algunos de los nombres incluidos son: Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, jueza de Paz de Luque, suspendida junto a 18 funcionarios, entre ellos los actuarios judiciales Elena Ojeda, Raúl Jara, Adriana Flecha y el ujier Daniel Orué. Los implicados eran parte del sistema cuestionado por la auditoría: la Corte detectó que en el juzgado de Luque se habían realizado notificaciones falsas (“voladoras”), irregularidades en las resoluciones y un uso reiterado de los mismos testigos —Sanny Paniagua Caballero y Aldo Aquino Vera— en cientos de juicios ejecutivos.