Hay pocas esperanzas de que el proyecto del Teatro Julio Correa permanezca en la ciudad de Luque. La Municipalidad de Luque pasa la responsabilidad a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), mientras que esta institución hace lo mismo y la traslada a la Gobernación de Central, exigiendo ajustes arquitectónicos que, a esta altura del desarrollo del proyecto, difícilmente puedan realizarse por falta de tiempo y de recursos para modificar el diseño original.
Esta mañana, viernes 20 de marzo, se vivió una intensa movida ciudadana por parte de quienes desean que el proyecto del Teatro Julio Correa permanezca en la ciudad de Luque. Bien temprano, un grupo se manifestó en protesta frente a la sede municipal en Macaí, exigiendo la autorización municipal para el inicio de las obras que, según las autoridades departamentales, ya llevan un atraso de al menos 120 días. Paralelamente, otro grupo —integrado por concejales departamentales y municipales— mantuvo una reunión con la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Lic. Adriana Ortiz Semidei.
Luego de dos horas de protesta frente a la sede municipal, acompañada de batucadas, el primer grupo solicitó entrevistarse con el intendente, Carlos Echeverría, pero éste no se encontraba en su despacho; tampoco su jefa de Gabinete, la Dra. Tania Bavera. Cuando la gente ya se estaba retirando del recinto municipal, un pequeño grupo logró reunirse con el secretario general de la Intendencia, Manuel González.

El funcionario ratificó la versión de la institución municipal: “La Municipalidad no se opone a la construcción del Teatro Julio Correa”. A renglón seguido, exhibió una resolución de la Intendencia Municipal de Luque, fechada el 6 de junio de 2025, que en su artículo 2 reza textualmente: “Establecer que, en cuanto a la obra con ID Nº 470864 ‘Construcción del Teatro Departamental Julio Correa de la Ciudad de Luque’, se autoriza solamente iniciar los procesos de llamado correspondientes; una vez adjudicada, la empresa responsable deberá presentar al municipio las documentaciones requeridas por la Dirección de Obras Particulares para otorgar la aprobación de la construcción”.
González dio a entender que, una vez que la SNC otorgue el permiso a la Gobernación, la Municipalidad de Luque estaría en condiciones de autorizar la construcción del Teatro Julio Correa. Esto, atendiendo a que la institución cultural objetó el diseño de la obra porque, supuestamente, afectaría —o sería invasivo— para la Casona donde vivió el escritor Julio Correa, considerada patrimonio histórico cultural y, por lo tanto, protegida por ley.
No conforme con la explicación del funcionario, el grupo —liderado por la concejala Belén Maldonado— se retiró del recinto municipal, abrigando pocas esperanzas de que el proyecto de construcción del Teatro Julio Correa, cuya inversión asciende a 10.387 millones de guaraníes, permanezca en la ciudad de Luque.
Apremiado por los plazos legales y el atraso en el inicio de las obras —que estaría perjudicando los intereses económicos de la empresa adjudicada—, el gobernador Ricardo Estigarribia había dado plazo hasta las 11:00 del lunes 23 de marzo para que las autoridades nacionales y locales se definan sobre la construcción del nuevo teatro en Luque.

En caso contrario, según aseguró el gobernador en una conferencia de prensa, el proyecto sería trasladado a otra ciudad del departamento Central (probablemente a Ypané) y Luque perdería definitivamente uno de sus anhelos más grandes de los últimos tiempos: tener un nuevo teatro que lleve el nombre de su admirado escritor, don Julio Correa.
A la par de la manifestación y de las gestiones realizadas en Luque, otro grupo de ciudadanos luqueños —en este caso concejales departamentales y municipales— se reunió con la ministra Ortiz Semidei “con el objetivo de analizar alternativas y destrabar el proyecto cultural, que actualmente se encuentra suspendido debido a diferencias institucionales y observaciones técnicas”, según expresaron después del encuentro.

Sin embargo, una fuente bien informada reveló que “no cambia mucho” la situación luego de la reunión con la ministra Ortiz Semidei, ya que ésta reiteró que las obras se realizarían siempre que se introduzcan las modificaciones solicitadas dentro del diseño original, algo a lo que —al parecer— la Gobernación de Central se niega debido al costo y a la falta de tiempo.