Pobladores del territorio social Cerro Poty, Cañada Po’i, denuncian a dos altos funcionarios de la Municipalidad de Luque de promover una triple mensura administrativa en perjuicio del proceso de regularización del asentamiento. Manifestaron su deseo de hablar con el presidente de la Junta Municipal, Enrique Quintana, y los demás concejales que se encuentran en sesión ordinaria en la mañana de este martes 29 de abril, para exponer el conflicto suscitado.
A tempranas horas de esta mañana (29/4), un grupo de pobladores se presentó a la Municipalidad de Luque para denunciar una triple mensura administrativa, presuntamente promovida por el Asesor Jurídico de la comuna, Raúl Salinas, y del secretario general de la Intendencia, Manuel González.
Al ser consultado, Salinas desmintió totalmente las acusaciones porque los trámites administrativos sobre la mensura administrativa en este asentamiento (Cerro Poty) están totalmente finiquitados, salvo algunas pequeñas objeciones de la dirección de Obras.
«Yo no puedo promover ninguna mensura administrativa en un terreno presuntamente fiscal o municipal, sino es el recurrente -la persona interesada- el que inicia el proceso de trámites ante la Intendencia Municipal, luego el expediente pasa al Servicio Nacional de Catastro y la Dirección General de los Registros Públicos», dijo Salinas, aclarando que dentro de un territorio social puede presentarse varios expedientes de mensura administrativa.
Crispino Alarcón, director del Centro de Apoyo y Educación Popular (CAEP), quien lleva adelante en el citado asentamiento un proyecto de construcción de viviendas populares, conjuntamente con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH), afirma que el conflicto que se arrastra en el lugar fue a raíz de la ocupación irregular de cuatro familias, cuyos integrantes ingresaron y ocuparon una parcela de 400 metros cuadrados.
Alarcón sostiene que los trámites de la mensura administrativa de estas cuatro familias avanzan sostenidamente, pero los de la comisión del asentamiento se paralizan, provocando una incertidumbre de 52 familias que vienen trabajando desde hace cuatro a cinco años en el lugar.
