Advierten de un nuevo negociado detrás de la autopista elevada proyectada para Luque

La construcción de la autopista urbana elevada, que partirá en dos la ciudad de Luque, podría esconder un nuevo negociado impulsado desde las más altas esferas del Gobierno Nacional, advierte la Lic. Mirian Ramírez, coordinadora del Grupo Impulsor para la conformación de la Coordinadora de Afectados por este proyecto y por la duplicación de la Ruta PY02.

La advertencia fue realizada durante una entrevista concedida por Mirian Ramírez, electa en octubre pasado como coordinadora del Grupo Impulsor que impulsa la conformación de la Coordinadora de Afectados por la construcción del viaducto de cuatro kilómetros —autopista elevada— y la duplicación de la Ruta PY02 desde Yparacaí hasta Luque, y desde Luque hasta San Bernardino.

“Es bien conocido que esto es un negociado, porque no tiene sentido que en otras ciudades se proyecten circunvalaciones de rutas y, sin embargo, acá en Luque se pretenda partir la ciudad en dos”, sostiene la dirigente luqueña, reconocida por su firmeza y frontalidad en la lucha social.

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Ramírez cuestiona además que el proyecto del Gobierno contemple el paso del viaducto elevado por la zona histórica de Luque, específicamente por el área de la Estación del Ferrocarril Carlos Antonio López, patrimonio nacional que se conserva desde la época de la independencia.

“Al Gobierno no le interesa proteger este patrimonio cultural, a pesar de que está protegido por ley”, espeta.

Según la dirigente, el proyecto también implica un grave avasallamiento de los derechos de propiedad de cientos de familias —cerca de mil afectados— en una zona densamente poblada. La autopista elevada se proyecta desde el kilómetro 12 hasta el desvío a la compañía Yuquyry, utilizando la antigua vía del tren, propiedad de FEPASA.

Manifestación de afectados por la construcción de la autopista elevada. Izq.: Cristhian Santander; Der.: Pedro Flores, vicepresidente del Grupo Impulsor para la conformación de la Coordinadora de Afectados.

Dentro de la franja de dominio existen numerosas viviendas que serán afectadas, muchas de ellas pertenecientes a propietarios legítimos que cuentan con títulos de propiedad. Sin embargo, también hay otro grupo de residentes que construyeron dentro de la franja de dominio del ferrocarril; en estos casos, no correspondería indemnización por el terreno ocupado, pero sí por las edificaciones, de acuerdo con datos preliminares del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ramírez asegura que la empresa adjudicada para la obra, Rutas del Este, se encuentra “desesperada” porque no logra acceder a los títulos de propiedad de los vecinos afectados. “En muchos casos no encuentran a los propietarios, y en otros, directamente, los dueños se niegan a entregar sus títulos”, explica.

“Ellos —Rutas del Este, a través de la empresa contratada Sustentar— necesitan los títulos para armar sus carpetas y avanzar con las indemnizaciones”, afirma. Para ese fin, según la dirigente, instalaron una oficina en la zona de Yka’a, una de las áreas afectadas, con el objetivo de atraer a los propietarios dispuestos a negociar.

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No obstante, Ramírez advierte que la estrategia de la empresa se basa en “endulzar los oídos” de los vecinos. Algunos ya estarían dispuestos —o incluso habrían decidido— aceptar las propuestas presentadas.

“Los que aceptaron no conocen cómo actúan estos empresarios. En otros proyectos ya concluidos, los afectados directos hasta hoy no fueron indemnizados”, sostiene con vehemencia. “Tampoco está demostrado que paguen en tiempo y forma”, añade.

La dirigente se refirió también a la situación de los pobladores de la compañía Yuquyry, afectados por la duplicación de la Ruta PY02, donde algunas mujeres manifestaron en un grupo de WhatsApp su disposición a atarse a los árboles de sus patios antes que perder sus viviendas o parte de ellas.

“Yo les sugiero organizarse a través de una coordinadora, como ya ocurre en Areguá y Estanzuela, y realizar manifestaciones frente al MOPC, sobre la calle Oliva, en Asunción, sin descartar escraches frente a los domicilios de los directivos de Rutas del Este, Sustentar y de los funcionarios públicos involucrados”, puntualiza Ramírez a Luque al Día.

Manifestantes luqueños frente al Ministerio Público, Asunción, donde solicitaron formalmente la suspensión de las obras de la autopista elevada. Foto: Archivo / Gentileza.

El Grupo Impulsor de la Coordinadora de Afectados de Luque fue conformado el 18 de octubre del año pasado, en el domicilio de Mirian Ramírez. En la ocasión fue electo como vicecoordinador Pedro Flores, residente del barrio Las Palmeras, dirigente vecinal y empresario luqueño. Precisamente en esta zona se iniciaría la construcción de la autopista elevada, cuyo costo total —incluida la duplicación de la Ruta PY02— alcanzaría los 180 millones de dólares.

A la reunión de conformación del Grupo Impulsor asistieron vecinos de los barrios Bella Vista, Las Palmeras, San Juan, Yka’a, Villa Nueva Trinidad y Cañada Garay. Cabe recordar que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció en vísperas de Navidad la firma de la orden de inicio de las obras de la autopista urbana elevada que atravesará Luque y que, según advierten los afectados, partirá en dos la ciudad: de un lado quedarían los barrios Bella Vista, San Juan y Las Palmeras, y del otro, Cuarto Barrio y el centro histórico de Luque.

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