Un Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo confirmó al magistrado que deberá resolver uno de los casos más emblemáticos del esquema denunciado en el Poder Judicial y que afecta a una pobladora de la ciudad de Luque.
Un Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Primera Sala de la Circunscripción Judicial del Departamento Central, con sede en San Lorenzo, rechazó la recusación planteada contra el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno de Luque, Alexis María Vallejos, y lo ratificó para continuar con el proceso judicial que involucra a Zila Zárate, pobladora de Cañada Garay de Luque y supuesta víctima de la denominada “mafia de los pagarés”.
La recusación había sido promovida por el abogado Milciades Toledo Morínigo, en representación de la firma COMACO, con el objetivo de apartar al magistrado de la causa. Sin embargo, el Tribunal desestimó el planteamiento, permitiendo que Vallejos siga al frente del expediente.
El caso se centra en una demanda iniciada por la firma COMACO contra Zárate, a quien se le reclama el pago de una millonaria suma por un supuesto préstamo contraído en 2014, hecho que la mujer niega rotundamente.
Según los antecedentes, la entonces jueza de Paz de Luque, Norma Ortiz —actualmente fuera de funciones— habría tramitado el juicio sin que la acusada tuviera conocimiento del proceso, debido a notificaciones que presuntamente nunca llegaron a su domicilio. Zárate asegura que se enteró del caso recién cuando el proceso ya estaba concluido.
De acuerdo con publicaciones de Luque al Día, la mujer descubrió su situación en septiembre de 2024. Un mes después, en octubre, estalló el escándalo de la “mafia de los pagarés”, con la aparición de múltiples víctimas en distintos juzgados, lo que permitió visibilizar su caso y lo convirtió en uno de los más representativos.
Tras conocer la sentencia, Zárate presentó una apelación, y el expediente pasó a manos del juez Vallejos, quien fue recusado el pasado 6 de febrero. En su momento, el magistrado rechazó la acción por considerarla extemporánea y solicitó al Tribunal que confirme su decisión, lo cual finalmente ocurrió.
La afectada sostiene que existen evidencias de que el proceso habría sido fraguado en el Juzgado de Paz de Luque, lo que —según afirma— juega a su favor. En ese sentido, espera que el juez anule el juicio en su contra, que actualmente la obliga a rematar sus bienes para cubrir una deuda que considera inexistente.
El monto reclamado asciende a G. 29.692.666 y se habría originado a partir de un supuesto préstamo de G. 4.711.682 otorgado en 2014 por la empresa Vito Abm S.A. Con el paso de los años, la suma se incrementó debido a intereses acumulados (casi G. 20 millones) y honorarios profesionales (alrededor de G. 5 millones), entre otros conceptos.