Dos organizaciones sociales, una de Luque y otra de Areguá, presentaron al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) varias objeciones al proyecto de ampliación de la Ruta PY02, donde está incluida la construcción de la autopista elevada sobre la ciudad de Luque.
La presentación de las objeciones fue realizada este viernes 29 de agosto ante el director de Biodiversidad del MADES, Juan Darío Mandelburger, por miembros de las organizaciones “Colectivo Progreso Sostenible Areguá” y “Afectados por el viaducto – Luque”.
La presentación fue acompañada por una treintena de manifestantes que se apostaron frente a la institución estatal, donde realizaron una sentada al ritmo de una batucada y portando carteles con diferentes consignas, como “No al viaducto, sí al tren de cercanías”.
Cinco de ellos ingresaron hasta el despacho de Mandelburger, con quien conversaron por espacio de casi dos horas. Luego de la audiencia, Gustavo Díaz y Mauren Coronel, dos de los representantes, aclararon a Luque al Día que la presentación no significa que el MADES admita las objeciones arrimadas por ambas organizaciones, sino la institución estatal empieza analizar a partir de ahora cada una de ellas.
Al ser consultado si cuánto tiempo tiene el MADES para expedirse, Díaz aseguró que no está establecido ningún plazo para admitir o rechazar las objeciones presentadas, puede ser la próxima semana o dentro de un mes.
Entre las objeciones presentadas mencionaron la necesidad de una mayor participación ciudadana, el acceso a la información sobre el proyecto, respeto a leyes que protegen los patrimonios históricos –como las estaciones del tren- los impactos sociales (indemnización a ocupantes) y ambientales (mitigación de humedales).
Entre las objeciones aparece el trazado de la ciclovía Valois Rivarola, actualmente utilizado por varios grupos etarios de la población luqueña: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. El impacto sobre esta ciclovía será mayor, ya que sería afectado en su totalidad por el proyecto de ampliación de la Ruta PYO2.
De acuerdo con la explicación del intendente Carlos Echeverría, aunque sin darlo por certeza, la autopista elevada comenzaría a la altura de la empresa Sueñolar -sobre la mencionada ciclovía- y se extendería hasta un punto cercano a la Escuela San Martín de Porres, en la compañía Cañada Garay.
En la presentación realizada por el “Colectivo Progreso Sostenible Areguá” figuran estos impactos de la gran obra proyectada: “Posible afectación de zonas silvestres de uso restringido (humedales) y generación de escorrentías que deteriorarían la calidad del agua del Lago Ypacarai”; “tala de al menos 5.837 especies de árboles, entre ellas nativas y exóticas sin plan real de compensación genética y temporal”; “expropiaciones a familias y comercios sin transparencia”, y “riesgos al patrimonio cultural, como el casco histórico de Areguá y las estaciones ferroviarias de la zona”.
En base a las objeciones presentadas, ambos colectivos ciudadanos solicitaron mayor plazo para estudiar el RIMA y la entrega del EIA, es decir, el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó para decidir y llevar adelante el proyecto.
También reclamaron el acceso a toda la documentación, como planos, anexos técnicos y dictámenes, así como la no aprobación del EIA hasta se cumplan las normas sobre participación y transparencia.
Asimismo, exigen la realización de audiencias públicas en las cinco ciudades afectadas, Luque, Areguá, Itaugua, Ypacarai y San Bernardino, tal como establece el Decreto 493/13.
“Así como está la situación, no sabemos si las obras empezarán en septiembre tal como anunciaron los representantes del MOPC en la reciente jornada informativa”, expresó Díaz a este medio. Esta jornada se había realizado en el salón “Segunda Capital de la República, en la antigua sede de la Municipalidad de Luque, el martes 19 de agosto. “La defensa del Lago Ypacaraí, de nuestros barrios y de nuestro patrimonio histórico es una causa común. No podemos permitir que se firme un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exprés sin la participación de las comunidades y de los técnicos que conocen la cuenca”, indicaron los afectados del municipio de Areguá.