Cinco familias del barrio Bella Vista, en Luque, se mantienen firmes en su decisión de no ceder sus propiedades para la construcción de la autopista elevada. Los afectados aseguran que defenderán sus viviendas por las vías legales y que, si finalmente se concreta la expropiación, están dispuestos a enfrentar el proceso para exigir una indemnización que refleje el valor real de sus inmuebles.
Nota (8) – Sebastián Jara Figueredo
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En una cuadra de la Vía Férrea, entre las calles Azara y Benigno González, en el barrio Bella Vista de Luque, cinco familias conviven diariamente con el avance de una de las obras viales de mayor envergadura que se ejecutan actualmente en la ciudad: la autopista elevada vinculada al proyecto de ampliación de la Ruta PY02.
Las viviendas se encuentran prácticamente al borde del área donde avanzan las máquinas. Sus propietarios aseguran que no están dispuestos a abandonar sus inmuebles sin antes agotar las vías administrativas y judiciales para defender sus derechos.
El proyecto forma parte de la Red Vial Estructurante incorporada al contrato de la Ruta PY02 mediante una adenda con Rutas del Este, concesionaria de la carretera. El paquete contempla una autopista elevada de aproximadamente 3,6 kilómetros, además de otras obras viales de conexión con Luque, Areguá, San Bernardino y la ciudad de Ypacaraí. El cierre financiero informado para el conjunto de obras supera los US$ 215 millones.
Cinco familias frente al avance de las máquinas
Entre las propiedades afectadas se encuentra el inmueble de la familia Ramírez, que sostiene una disputa administrativa y judicial para evitar la pérdida de su vivienda o, eventualmente, conseguir una compensación que considere adecuada.
Al igual que los Ramírez, otras familias también se encuentran entre quienes se negaron a permitir el ingreso a sus casas de funcionarios de Sustentar, empresa encargada del relevamiento de las propiedades y de información utilizada para los procesos indemnizatorios.
La situación se repite cada día: máquinas, movimiento de suelo y trabajadores forman parte del paisaje inmediato de las viviendas.
Los vecinos sostienen que en determinados momentos tienen dificultades para salir con sus vehículos, acceder a sus domicilios o incluso solicitar servicios de transporte. El frente de trabajos se extiende por varios cientos de metros en este sector, desde las inmediaciones de Vergel Luqueño, sobre la conexión Luque-San Bernardino, hasta las cercanías de la antigua estación del Ferrocarril Carlos Antonio López.
La construcción de la autopista elevada se encuentra oficialmente en ejecución. El MOPC informó que el proyecto contempla 233 pilotes y que la estructura tendrá dos carriles por sentido.
La disputa por las expropiaciones
Para los propietarios que permanecen en sus viviendas, la discusión ya no se limita al avance de las obras. También gira en torno al procedimiento de afectación y eventual expropiación de los inmuebles.
Myrian Ramírez, presidenta de la Coordinadora de Afectados por el Superviaducto de Luque, sostiene que varias familias ya entregaron sus propiedades y recibieron compensaciones calculadas a partir de las tasaciones realizadas durante el relevamiento. En su interpretación, algunos afectados aceptaron los montos por desconocimiento de sus derechos o ante la imposibilidad de sostener una resistencia prolongada.
“Las familias que no conocen sus derechos y que no tienen la voluntad de resistir fueron quienes entregaron sus títulos y se les expropiaron sus propiedades por montos mínimos”, denuncia con voz fuerte la dirigente vecinal.
La dirigente sostiene que quienes continúan en sus viviendas analizan reclamar, además del valor del inmueble, otros conceptos contemplados por la legislación, como daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante.
El caso de la familia Ramírez
La propiedad de la familia Ramírez tiene aproximadamente 11 metros de fondo. De acuerdo con Myrian, poco más de tres metros quedarían dentro del área de afectación, mientras que unos ocho metros permanecerían fuera de ella.
Sin embargo, el problema radica en que la edificación se encuentra precisamente en el sector comprometido por el trazado. Por esa razón, subraya que la vivienda debería ser demolida íntegramente para permitir la construcción de la infraestructura.
El inmueble tiene unos 400 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres niveles y con estructura de hormigón armado. Allí funcionaban departamentos que, según la propietaria, quedaron sin inquilinos debido a la incertidumbre generada por el proyecto.
La familia recibió, según Ramírez, una notificación del MOPC el pasado 16 de septiembre, en la que se le comunica el monto establecido para la indemnización del inmueble. El punto que cuestiona la familia es la metodología utilizada para determinar ese valor.
“Nunca entraron al edificio”
Ramírez afirma que ningún funcionario ingresó al inmueble para realizar una inspección detallada antes de establecer la tasación. “Figura el monto de la tasación, pero sin informe pericial de un tasador. Ellos no presentaron el informe pericial, y no podían hacerlo porque no tuvieron acceso al edificio”, argumenta.
La afectada sostiene que la familia ya respondió formalmente a la notificación y presentó la documentación correspondiente. También cuestiona que el monto ofrecido no compensaría, según su estimación, el valor de la propiedad y la construcción existente.
Una alternativa sin respuesta
La familia Ramírez asegura haber planteado al MOPC una alternativa para evitar la demolición del edificio.
Frente a su vivienda existe un terreno privado de grandes dimensiones que permanece sin utilización. La propuesta consiste, según la dirigente, en analizar una modificación del trazado para utilizar parte de ese espacio y reducir las afectaciones sobre las viviendas existentes.
“Le explicamos a la gente del MOPC sobre la existencia de ese espacio baldío, tiene una dimensión de más de una cuadra y bien podría utilizarse parte de ese espacio, desviando un poco el proyecto, para no afectar nuestra casa”, plantea. Sin embargo, hasta ahora no recibieron una respuesta concreta a esa propuesta por parte del MOPC, según Ramírez.
La dirigente interpreta esa falta de respuesta como una señal de que el Estado no estaría ejerciendo suficiente control sobre la ejecución de las obras y que las decisiones quedarían, en la práctica, en manos de la concesionaria.
“Acá se hace lo que dice Rutas del Este y nada más”, cuestiona la representante de los afectados por las obras del superviaducto.
La documentación pública disponible confirma que Rutas del Este es la concesionaria encargada de ejecutar y operar las obras incorporadas a la Red Vial Estructurante, mientras que el MOPC mantiene el vínculo contractual y las funciones correspondientes dentro del esquema de APP.
Una denuncia penal que vuelve a moverse
Las familias afectadas también trasladaron sus cuestionamientos al ámbito judicial. La Coordinadora de Afectados y otras organizaciones presentaron una denuncia penal relacionada con presuntas irregularidades en la incorporación de las nuevas obras mediante la adenda al contrato de la Ruta PY02. La Fiscalía, a cargo del fiscal Francisco Cabrera, comenzó recientemente a recibir declaraciones de profesionales vinculados a la denuncia.
Entre los cuestionamientos planteados por los denunciantes se encuentra la incorporación de las obras sin un nuevo proceso licitatorio. Esa es una interpretación sostenida por los denunciantes y forma parte de la investigación fiscal.
La propia documentación oficial y las informaciones públicas disponibles señalan que las obras fueron incorporadas al contrato existente de la Ruta PY02 mediante una adenda. El Gobierno y la concesionaria sostienen el esquema contractual utilizado para ejecutar el proyecto.
Ramírez espera que la Fiscalía convoque también a representantes de Rutas del Este para que expongan su versión sobre los cuestionamientos planteados.
“Con esta acción penal lo que se busca es demostrar los graves hechos de ilegalidad de estas obras del superviaducto de Luque”, sostiene.
Más acciones en preparación
La presidenta de la Coordinadora enumera al menos tres frentes jurídicos impulsados por los afectados: la denuncia penal actualmente en trámite, una solicitud de medida cautelar de urgencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un amparo que, según anuncia, sería presentado por una organización socioambiental.
Esta última acción estaría vinculada a cuestiones ambientales, intereses difusos y patrimonio histórico. “Se va accionar en el contexto ambiental e intereses difusos, patrimonio histórico”, adelanta Ramírez.
La dirigente revela además que existen cuestionamientos relacionados con la zona de amortiguamiento del patrimonio histórico y posibles impactos ambientales derivados de la obra.
En abril pasado, la propia Defensoría del Pueblo informó que recibió a representantes de la Coordinadora de Afectados y que inició pedidos de informes a instituciones competentes sobre el proyecto, particularmente en relación con la adenda, el trazado y las posibles afectaciones.
La resistencia se extiende a otros sectores. La disputa no se concentra exclusivamente en esta cuadra de Bella Vista. Ramírez menciona también a familias de Cañada Garay y del barrio San Juan que permanecen en propiedades alcanzadas por el trazado de las obras.
En Cañada Garay, señala, existen viviendas antiguas pertenecientes a familias que llevan décadas asentadas en la zona. Algunas propiedades todavía no habrían recibido las notificaciones correspondientes, según la dirigente.
La situación es diferente en otros sectores donde las viviendas ya fueron demolidas. Ramírez sostiene que parte de esas construcciones se encontraba sobre la franja correspondiente a la antigua vía férrea y que sus ocupantes no contaban con títulos de propiedad.
Mientras tanto, las notificaciones del MOPC establecen, según la afectada, un plazo de cinco días hábiles para que los propietarios respondan.
Una cuadra que decidió quedarse
En la cuadra de Bella Vista, las cinco familias que permanecen en sus propiedades se convirtieron en una especie de último bastión frente al avance de la obra.
No todas las familias afectadas adoptaron la misma posición. Algunas aceptaron las indemnizaciones y abandonaron sus propiedades o cedieron partes de sus inmuebles; otras cuestionan los montos o los procedimientos y decidieron recurrir a las instituciones públicas y a los tribunales.
Para los vecinos que continúan en el lugar, la discusión no pasa únicamente por conservar una vivienda. También reclaman participar de las decisiones que afectan directamente a sus propiedades y conocer cómo se establecen las compensaciones.
“Nosotros que hacemos resistencia a las obras somos los que seguimos en nuestras casas”, plantea Ramírez.
Mientras las máquinas avanzan sobre la franja destinada al proyecto, las cinco familias de la Vía Férrea, entre la calle Azara y Benigno González, aguardan nuevas respuestas del MOPC y el resultado de las acciones impulsadas ante la Justicia.
La obra, entretanto, continúa su marcha. Y en esa pequeña cuadra de Bella Vista, la resistencia vecinal también.