El juez Humberto Otazú dispuso el sobreseimiento provisional de la exmagistrada de Luque, a pedido de la fiscala Sophia Galeano, debido a la falta de diligencias consideradas clave para avanzar en la investigación. Tras la resolución, el juzgado levantó de inmediato los embargos e inhibiciones que pesaban sobre Ortiz y otros seis encausados.
La investigación vinculada a la denominada “mafia de los pagarés”, que involucra a funcionarios del Juzgado de Paz de Luque por la presunta manipulación de procesos ejecutivos, sufrió un inesperado freno procesal. La jueza de Paz, Norma Ortiz, imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, obtuvo el sobreseimiento provisional junto con otros seis procesados, con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares y embargos que pesaban sobre ellos.
La decisión fue adoptada por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, mediante el Auto Interlocutorio N.° 306, tras hacer lugar al requerimiento presentado por la fiscal Sophia Galeano.
El expediente no involucra únicamente a particulares. Entre los principales procesados aparece precisamente una funcionaria cuya tarea era administrar justicia.
La entonces jueza de Paz fue imputada en calidad de presunta autora de prevaricato y coautora de uso de documentos públicos de contenido falso.
La actuaria judicial Elena Ojeda está procesada por producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de complicidad en prevaricato.
También están procesados el ujier Sergio Orué y el oficial de Justicia Patrosinio Almada, por presunta producción de documentos falsos y supuesta complicidad en prevaricato.
La nómina se completa con Milciades Toledo, Aldo Aquino y Oscar Mieres, investigados como presuntos instigadores del prevaricato y coautores de testimonio falso y uso de documentos falsificados.
Según la hipótesis fiscal, el esquema habría permitido la fabricación de actuaciones y procesos ejecutivos utilizados para afectar patrimonialmente a personas, entre ellas a Zila Zárate, una de las víctimas por el esquema de la mafia de los pagarés.
El argumento fiscal
La Fiscalía sostuvo que todavía no cuenta con suficientes elementos de convicción y solicitó el sobreseimiento provisional para los procesados.
Entre las diligencias que permanecen pendientes figuran declaraciones testimoniales de vecinos de la víctima y del gerente de una firma de préstamos.
También deben solicitarse informes de residencia e historial al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, incorporar copias de expedientes judiciales y realizar una pericia caligráfica sobre la cédula de identidad utilizada para iniciar los juicios ejecutivos. A ello se suma la incorporación de los prontuarios policiales de los propios procesados.
El dato resulta particularmente llamativo dentro de una investigación de estas características: la causa queda en pausa porque todavía no fueron agotadas diligencias que, en buena medida, corresponden a actuaciones elementales de investigación.
No se trata, por tanto, de una compleja pericia científica cuya obtención resulte imprevisible, sino de testimonios, informes oficiales, copias de expedientes y una pericia documental.
El sobreseimiento provisional no se limitó a suspender temporalmente el avance de la causa. El juzgado también dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados, incluida la inhibición general de vender y gravar bienes y los embargos preventivos sobre las fianzas presentadas.
De esta manera, siete personas que continúan vinculadas a una investigación por presuntos delitos contra la administración de justicia, recuperaron la disponibilidad de los bienes afectados por las medidas cautelares. Si bien, el sobreseimiento provisional no constituye una absolución ni implica que los procesados hayan sido declarados inocentes.
Sin embargo, qué ocurre cuando las presuntas irregularidades en la fabricación o tramitación de juicios ejecutivos involucran a quienes, desde el propio sistema judicial, tenían la responsabilidad de garantizar la legalidad de esos procedimientos.