Varias personas y profesionales resaltan las movilizaciones ciudadanas y las acciones judiciales que se llevaron adelante para intentar frenar el proyecto de la autopista elevada en Luque. No obstante, los argumentos en contra no fueron considerados y los afectados se limitaron a recoger el silencio sepulcral de las autoridades nacionales y locales.
Nota (3) – Sebastián Jara Figueredo
A casi un año de las primeras movilizaciones contra el proyecto de la autopista elevada, Alberto Aguilera, uno de los pobladores afectados en la zona de Cañada Garay, Luque, afirma que las dos movilizaciones ciudadanas que tuvieron lugar en esta zona fueron muy importantes, «porque fueron jornadas en las cuales los afectados empezaron a tomar conciencia de que el trazado del superviaducto pasaba en medio de sus casas y piezas».
«Durante esas dos movilizaciones mucha gente empezó a despertarse y entender que era algo grave lo que el Gobierno nacional estaba proyectando, a pesar de las informaciones que el proyecto mejoraría el tránsito, uniría las rutas, etc.», refiere Aguilera desde su domicilio ubicado entre Cañada Garay y Yuquyry.
Sin embargo, según Aguilera, esa mejoría en cuanto al tráfico vehicular se proyectó «a un costo muy grande para muchas familias, que están perdiendo su arraigo y vivencia comunitaria, lo que ahora se está viendo con las viviendas derrumbadas, dando lugar al trazado de la autopista elevada».
«Ahora que empiezan a derrumbarse las viviendas, la población de Luque va empezar a tomar en serio la gravedad de este proyecto», subraya Aguilera, al tiempo de señalar que las movilizaciones contra el superviaducto continuarán. Recuerda que en las dos manifestaciones en la zona de Cañada Garay se congregaron alrededor de 500 personas.
En esa línea de reflexión, el poblador sostiene que esta cantidad de manifestantes incluso podría triplicarse «cuando los afectados empiecen a tomar conciencia sobre la realidad, al observar que sus viviendas son derrumbadas con grandes y pesadas maquinarias y reciben a cambio montos ínfimos por indemnización, lo que va imposibilitar que compren nuevos terrenos y construyan nuevas casas».
«Se logró visibilizar el impacto»
En opinión de la trabajadora social, Mauren Coronel, quien fue partícipe de la acción ciudadana que se opuso al superviaducto, la lucha social logró visibilizar el impacto de un proyecto de gran envergadura, que no solo afecta a las viviendas de los pobladores, sino también a la cuenca del lago Ypacaraí, un ecosistema bastante frágil que se verá afectado enormemente por las obras de nuevas rutas en curso.
Coronel puntualiza que las familias desplazadas salieron a reclamar y defender su derecho a participar en las decisiones gubernamentales, en la planificación de su ciudad y de su región, más allá de banderías políticas, religión o clase social. «Un proyecto de esta envergadura no puede proyectarse solo desde una oficina gubernamental o empresarial, sino que requiere de la incorporación de criterios sociales y de las voces de las comunidades afectadas», añade.
La ciudadanía movilizada encontró en esa lucha «una causa común» y se dio cuenta de que la participación no se limita a votar cada cinco años, sino que la democracia se ejerce y se construye en las calles, en las reuniones vecinales, en la discusión política y en las asambleas, expresa Coronel.
¿Será otro nuevo metrobús?
En tanto, Pedro Flor, poblador del barrio Las Palmeras y dirigente vecinal, manifiesta que el viaducto «es una obra llevada a cabo con múltiples atropellos; atropello a la Constitución Nacional y a las leyes; atropello a los que viven alrededor del trayecto y su área de influencia; atropello a la ciudad de Luque, y atropello al Patrimonio Histórico de la ciudad. Es absolutamente ilegal por donde se lo mire».
Flor recuerda que un grupo de ciudadanos promovió medidas legales para tratar de detener el proyecto, refiriéndose a la acción penal presentada ante la Fiscalía General del Estado, donde se enumeran las supuestas falencias legales de la duplicación y ampliación de la Ruta II.
«Lamentablemente, la justicia en nuestro país deja mucho que desear. Y creo que el superviaducto se convertirá en otro nuevo metrobús, como tanto sabe hacer este estilo de Gobierno que sufrimos los paraguayos desde hace mucho tiempo», remarca Flor.
Acción penal
Las obras del superviaducto forman parte de la ampliación de la duplicación de la Ruta II, que fue formalizada a través de una adenda, aunque esta incorporación, según los denunciantes, vulneraría la Constitución Nacional.
En la ampliación de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República por el Ing. Ricardo Canese y otros ciudadanos, se señala que «la ampliación del contrato -incluyendo las obras del superviaducto- abarca tramos que no forman parte de la Ruta II, como son las rutas Luque-San Bernardino y Areguá-Luque (a través de Yuquyry), los cuales, según la Constitución, solo podrían ser concesionados mediante una ley del Congreso».