Zila Zárate Ávila, madre de familia del barrio Finca de Cañada Garay, descubrió en septiembre de 2024 que figuraba en Informconf por un préstamo de G. 4.711.682 contraído supuestamente en 2014. Al investigar, halló que existían trámites judiciales, una sentencia, inhibición para vender y hasta una orden de remate de sus bienes, todo sin haber sido notificada. Su caso expone uno de los rostros de la denominada “mafia de los pagarés”.
Zila Zárate Ávila acudió en septiembre de 2024 a una casa comercial de la ciudad de Luque con la intención de realizar una compra para su televisor. Sin embargo, le informaron que figuraba en Informconf.
Extrañada por la situación, inició averiguaciones y se encontró con una cadena de trámites judiciales y comerciales que se originó a partir de un préstamo impago de G. 4.711.682, supuestamente contraído el 11 de septiembre de 2014, según relató a Luque al Día.
Lo más grave es que todos los procedimientos —incluida una sentencia judicial y una orden de remate de sus bienes— se desarrollaron sin que la afectada tuviera conocimiento alguno. Su caso se convierte en uno de los rostros más visibles de los miles de episodios vinculados a la denominada “mafia de los pagarés”.
En medio de su pesadilla, descubrió que en su caso estarían involucrados supuestos testigos falsos, abogados, un ujier, un oficial de justicia y la propia jueza de Paz de Luque, Norma Ortiz, actualmente fuera de funciones. Es decir, la misma estructura de la justicia local en convivencia con personas ajenas a la institución.
Denuncia ante la Fiscalía
Zila no perdió tiempo. Ese mismo mes de septiembre de 2024, cuando se enteró del problema que enfrentaba, comenzó a recurrir a distintas instituciones y funcionarios, pero la desilusión fue grande: nadie le daba una respuesta satisfactoria. Entonces presentó una denuncia ante la Fiscalía de Luque y, poco después, su expediente judicial apareció en el despacho de la jueza Ortiz.
En el expediente —ya con sentencia de la magistrada— figura un pagaré por G. 4.711.682, firmado supuestamente por ella con la empresa Vito Abm SA, razón social de Clin Cash, nombre de fantasía de la firma que supuestamente le concedió el crédito.
Además, en el expediente Zila aparece con la profesión de enfermera, contratada en Emergencias Médicas en 2014, con cuatro años de antigüedad en ese entonces. Sin embargo, ella es contadora y docente en la materia de Contabilidad; nunca fue enfermera ni funcionaria del Ministerio de Salud.
La propia víctima señala que en el expediente aparece su fotografía tal como figura en su documento de identidad, así como su número de cédula, pero con una firma que —según afirma— está claramente falsificada.
Jueza de Paz de Luque
Siempre en base al relato de Zila, sustentado en el expediente judicial y otros documentos, en el centro del escándalo aparecen, además de la ex jueza de Paz de Luque, Norma Ortiz, un ujier, dos testigos que ella asegura que son falsos (Aldo A. y Oscar M.), un oficial de justicia (Patrocinio A.) y el abogado Milciades T., representante legal de una firma de cobranza (COMACO), con la cual estarían ligadas la empresa Vito Abm SA y su firma de fantasía, Clin Cash.
Consultado sobre la denuncia, el abogado Milciades T. acusó a Zila de persecución. “Me persigue porque no quiere pagar su cuenta”, subrayó, agregando que es la justicia la que debe dirimir el caso. Finalmente, mediante un escrito enviado a esta redacción, sostuvo que el pagaré “no es ninguna mafia; es una herramienta legal, reconocida hace décadas, que permite que exista crédito, comercio y financiamiento privado”.
En el expediente también figuran los informes del ujier y del oficial de justicia, quienes aseguran que Zila recibió la cédula de notificación en el marco del juicio que COMACO le inició en 2015 para el cobro del supuesto préstamo, pero que ella se negó a firmar.
Al respecto, Zila sostiene que ambos mintieron en sus informes. “Son falsos, mintieron, nunca hablé con ellos, porque nunca me encontraron”, afirmó. Esta versión cobra relevancia porque la notificación fue enviada a una dirección que no es la suya, en el barrio Julio Correa, cuando ella vive desde su nacimiento en la compañía Cañada Garay.
Además, señala un error en la dirección donde supuestamente fue notificada: las calles indicadas son paralelas y no están conectadas entre sí: Camboriú casi José Concepción Ortiz, barrio Julio Correa. La víctima incluso verificó el croquis que aparece en el expediente, el cual corresponde a la vivienda del empresario Celso Maldonado, padre de la concejala Belén Maldonado.
Al ser consultado por Luque al Día, el ujier negó que la notificación haya sido tal como cuenta Zila y pidió que no se publique todavía la nota hasta que se conozca «la verdad», especialmente porque “hay una auditoría de gestión al respecto”. Esta publicación hace referencia al caso de una víctima de la mafia de los pagarés, fenómeno que afecta a miles de personas en el país.
Fue imposible conseguir la versión del oficial de justicia, Patrosinio A., quien también aparece como notificador en segunda instancia, es decir, después de la notificación realizada por el ujier. Este medio está abierto para escuchar su versión.
Luz de esperanza y recusación
Zila descubrió su situación en septiembre de 2024. Un mes después, en octubre, estalló públicamente el escándalo de la mafia de los pagarés, con la aparición de otras víctimas en juzgados de Asunción, lo que contribuyó a visibilizar su caso —considerado emblemático— y abrió una luz de esperanza para que se haga justicia.
Las documentaciones del proceso están actualmente en poder del juez de Primera Instancia, Alexis Vallejos, y, según la afectada, las evidencias la favorecen. Zila espera que el magistrado anule el juicio iniciado en su contra, que la obliga a rematar sus bienes hasta cubrir el monto total de la deuda —que considera inexistente— con la empresa Vito Abm SA: G. 29.692.666.
Esta suma se originó en el supuesto préstamo de G. 4.711.682, pero con los años ascendió a casi G. 30 millones debido a los intereses acumulados (casi G. 20 millones), honorarios profesionales (casi G. 5 millones), entre otros conceptos.
No obstante, la empresa COMACO, a través de su abogado, recusó el viernes 6 de febrero al juez Vallejos. El magistrado rechazó la recusación por extemporánea y solicitó a un Tribunal de San Lorenzo que ratifique su resolución para proseguir con el juicio hasta su finiquito.