La indignación de los pobladores de Costa Sosa, tras la muerte violenta de un adulto mayor a causa de una conducción temeraria, no solo es legítima: es una señal de esperanza en una sociedad que demasiadas veces opta por el silencio frente a la injusticia.
(Jueves 22 de enero de 2026) – La reacción de los vecinos de Costa Sosa ante la muerte injusta y violenta de Juan Cancio Riquelme (84) está plenamente justificada. No se trata de un arrebato emocional pasajero, sino de una respuesta colectiva frente a una tragedia que expone, una vez más, las grietas de un sistema judicial que parece distante del dolor ciudadano.
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 18 de enero, cuando el vehículo conducido por Pedro Alexander Manfrudis embistió violentamente la zona donde se encontraba sentado el adulto mayor, según los datos expuestos ante la Fiscalía Zonal de Luque. El impacto fue de tal magnitud, según la versión de los familiares, que Riquelme fue arrastrado y prácticamente aplastado contra otro automóvil estacionado en el lugar. En el brutal accidente también murió un perro llamado Tom, símbolo silencioso de la violencia desatada esa madrugada.
Tras analizar los elementos del caso, el fiscal Jorge Escobar solicitó la prisión preventiva del conductor, considerando la gravedad de los hechos. Sin embargo, el juez Nelson Romero desestimó el pedido y otorgó arresto domiciliario al imputado, una decisión que profundizó la indignación de familiares y vecinos, quienes perciben la medida como desproporcionada y ajena al daño causado.
Apelación y ciudadano humilde
De manera acertada, el fiscal Escobar apeló la resolución judicial, por lo que ahora el caso se encuentra en manos del Tribunal de Apelaciones. Será esta instancia la que deba resolver si confirma, revoca o modifica la decisión del magistrado, y con ello definir si el imputado enfrentará el proceso en prisión preventiva.
En este contexto, resulta inevitable una reflexión de fondo. La víctima fue un ciudadano humilde, un poblador sencillo de Costa Sosa, trabajador, sin influencia política. Precisamente por ello, la justicia tiene la obligación moral y legal de actuar con mayor rigor, investigar a fondo y demostrar que la ley no distingue entre ciudadanos de primera y segunda categoría. Recuperar la credibilidad ante la ciudadanía exige decisiones acordes a la gravedad de los hechos.
Veracidad y contexto del alcotest
Las imágenes del hecho, difundidas en redes sociales y medios de comunicación, generan serias dudas sobre el estado en que se encontraba el conductor al momento del accidente. La forma en que el vehículo irrumpió en la zona donde estaba el adulto mayor lleva a muchos a preguntarse si realmente estaba en condiciones de conducir. Si bien la prueba de alcoholemia realizada en dos ocasiones por la Policía Caminera arrojó resultado negativo, corresponde que el Ministerio Público investigue exhaustivamente la veracidad y el contexto de dicha prueba, en aras de la transparencia y la confianza pública.
Juan Cancio Riquelme, conocido y querido como “Cancio”, dejó 11 hijos, siete mujeres y cuatro varones. Fue miembro activo del grupo de Los Estacioneros de Costa Sosa y colaborador permanente de la capilla San Baltasar. Su muerte no es solo una estadística vial: es una herida profunda en una comunidad que hoy se organiza, protesta y exige justicia.
La indignación de Costa Sosa no debería incomodar al sistema judicial; debería interpelarlo. Porque cuando la justicia falla, es la ciudadanía la que se levanta. Y ese despertar, lejos de ser un problema, es una oportunidad para corregir rumbos y reafirmar que ninguna vida puede ser minimizada.