Los abusos del poder no desaparecieron a pesar de la vigencia de la democracia. Al igual que en Paraguay, en varios países del continente persisten el autoritarismo político, profundamente ajeno a las libertades públicas y civiles, así como a la libertad de opinión y de prensa. Además del poder tradicional o clásico, el filósofo Michel Foucault advierte sobre la existencia de un poder que se encuentra disperso en la sociedad y se ejerce en múltiples niveles.
(Miércoles 21 de enero de 2026) – El ejercicio del poder político al margen de las leyes constituye un claro ejemplo de abuso de poder en cualquier sociedad. Muchos paraguayos conocen esta realidad porque la padecieron durante la época de la dictadura, cuando las autoridades detenían a ciudadanos sin demostrar la comisión de delito alguno. Aunque formalmente “democratizado”, este tipo de abuso persiste en Paraguay, ya no concentrado exclusivamente en el Poder Ejecutivo, sino extendido a otros sectores del Estado.
Desde la esfera judicial se ha orquestado, en plena democracia, la anulación de candidaturas políticas, una posibilidad que aún hoy no está descartada. Al menos dos precandidatos de la oposición se encuentran bajo la lupa, pese a que la popularidad de ambos habría disminuido. Se trata de un esquema de abuso que, amparado en una supuesta legalidad, sigue presente en el Poder Judicial.
Extralimitación del poder
Durante el apogeo de la dictadura, el exsenador Miguel Abdón Saguier calificó este proceder como una “extralimitación de poder”, ejercida entonces por el ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro. Hoy, esa misma extralimitación parece trasladarse a la esfera judicial en casos especialmente sensibles, como eventuales precandidaturas que podrían forzar un cambio de gobierno o, como ocurre en ciertos hechos ventilados por la prensa, para encubrir actos de corrupción que comprometen a “los amigos”.
En la ciencia jurídica, y particularmente en el Derecho, no existe otro camino que el estricto apego a la ley, sin eufemismos ni interpretaciones acomodadas. En la aplicación de la ley —por parte de jueces y fiscales— debe prevalecer únicamente el espíritu de la justicia, es decir, lo justo, con el objetivo de no perjudicar a las partes involucradas y reparar los daños ocasionados.
Otros países
Paraguay no es el único país donde se intenta acomodar las leyes para neutralizar a un eventual adversario político. Ocurrió en Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue encarcelado para impedir su llegada a la Presidencia de la República. También en Venezuela se dio una situación similar con la candidatura de Corina Machado, cuya popularidad, no obstante, resulta incierta.
En Venezuela, en medio del impacto internacional que dejó el bombardeo estadounidense —en el que habrían fallecido aproximadamente cien personas—, se confirmó la existencia de presos políticos, quizás uno de los aspectos más graves de la llamada revolución bolivariana. Se considera presos políticos a aquellas personas privadas de su libertad por ejercer o expresar ideas políticas.
Este fenómeno no solo constituye una contradicción interna de un proceso que impulsó importantes cambios en políticas sociales y productivas —salvo para quienes se vieron obligados a emigrar—, sino que también contradice los principios básicos de las ciencias políticas, cuyo objetivo es mejorar y dignificar el ejercicio del poder público, garantizando libertades civiles, políticas, de prensa y de opinión.
La teoría del poder y su ejercicio es un tema permanente de debate tanto en las ciencias políticas como en la praxis política. Existen dos concepciones extremas: ejercer el poder para el bien o para el mal de las personas. La primera es un ideal posible, cuyo resultado depende de la ética y la formación de quienes lo administran. La segunda, característica de sistemas autoritarios o de contextos de guerra, utiliza el poder contra el enemigo, sin importar el bien común.
Teoría de Foucault
Esta concepción del poder no se limita únicamente a la esfera política o a las relaciones internacionales. El filósofo Michel Foucault desarrolló la idea de que el poder no es algo que se concentra únicamente en el Estado, sino que se encuentra disperso en la sociedad y se ejerce en múltiples niveles: en las instituciones, en las relaciones sociales, en el sistema educativo, en la justicia, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana. Son los llamados “micro-poderes”, que influyen, disciplinan y condicionan conductas, muchas veces de forma imperceptible, pero no por ello menos efectiva.
El gran problema en el ejercicio del poder surge cuando aparecen los conflictos y se deben aplicar las leyes para resguardar un cierto orden que, en no pocas ocasiones, protege intereses “intocables”, a veces ocultos, de grupos o personas. En estos casos, actuar con prudencia y dentro de un marco de respeto a la dignidad humana debería ser la norma fundamental.
Esa prudencia, sumada a una sólida formación en ciencias jurídicas y en disciplinas conexas, constituye la mejor herramienta para evitar los abusos de poder, una práctica nefasta que ha marcado la historia política de muchos países, dejando a su paso familias destruidas, profundas heridas sociales e, incluso, muertes irreparables.