El miércoles 7 de enero pasado, la Junta Municipal de Luque resolvió autorizar, por unanimidad, la apertura de un sumario administrativo contra las empresas de transporte interno que, de manera unilateral, incrementaron el precio del pasaje en las líneas que conectan diversas compañías con el casco urbano de la ciudad.
Los concejales calificaron de ilegal el proceder de los transportistas, quienes además realizaron un paro de cuatro días, y cuestionaron duramente la decisión de elevar el costo del pasaje a 3.000 guaraníes. En ese sentido, sentaron postura afirmando que tanto la fijación del precio del boleto como la concesión de los itinerarios son atribuciones exclusivas de la Junta Municipal.
La medida adoptada habilita a la Intendencia Municipal a investigar a las empresas involucradas y eventualmente aplicar sanciones que podrían ir desde multas económicas y la incautación de unidades, hasta la cancelación definitiva de los itinerarios concedidos.
Tras la sesión, convocada de manera urgente y extraordinaria, los concejales expresaron su satisfacción por el resultado obtenido, proyectando una imagen de triunfo por haber ejercido su autoridad sobre un sector sensible que presta un servicio esencial a los habitantes de numerosas compañías de Luque. A primera vista, pareciera que la Junta cumplió su misión y dio una lección ejemplar a un sector que perjudicó los intereses de la ciudadanía.
Sin embargo, este episodio deja al descubierto una realidad que los propios concejales prefieren eludir: la Junta Municipal es, en gran medida, responsable del pésimo y deficiente servicio de transporte interno que padecen históricamente las compañías de Luque. La Ley Orgánica Municipal le confiere la potestad de ordenar, regular y mejorar este servicio, lo que incluye la convocatoria oportuna a licitaciones públicas para adjudicar los itinerarios a empresas que realmente cuenten con la capacidad técnica y operativa necesaria. Algo que, claramente, no se ha hecho “hace rato, pero hace rato”.
Resulta lamentable que, a partir de las 20:00 horas, numerosos vecinos se vean obligados a caminar varios kilómetros para llegar a sus hogares por la ausencia de transporte público. O que deban recurrir a servicios alternativos como Bolt o Moto Bolt, lo que implica un gasto adicional que golpea duramente a bolsillos ya de por sí castigados. La situación se agrava aún más los domingos, cuando en la mayoría de los casos el transporte interno simplemente desaparece.
En este contexto, la decisión de autorizar un sumario administrativo podría interpretarse como un claro caso de gatopardismo: cambiar algo para que, en el fondo, nada cambie. Se cumple con la formalidad burocrática de sancionar a los transportistas, pero se deja de lado la función esencial de la Junta Municipal: planificar, licitar y garantizar un servicio de transporte digno y eficiente para toda la ciudadanía.
No se trata de una tarea imposible. Existen numerosas empresas con capacidad e interés en cubrir itinerarios hacia zonas como Tarumandy, Itapuamí, Ita Angua, Maramburé, Marín Ka’aguy o Yuquyry, entre otras compañías distantes que hoy cuentan con excelentes tramos asfaltados.
Esto permitiría, además, una ventaja concreta para los residentes de estas zonas: pagar un solo pasaje hasta Asunción o San Lorenzo. Actualmente, muchos trabajadores deben abonar doble boleto —el interno y luego una línea interurbana desde Luque— para llegar a sus lugares de trabajo en Asunción, San Lorenzo o Fernando de la Mora.
Cabe consignar, finalmente, que el aumento del pasaje a 3.000 guaraníes rigió apenas por dos días. Tras la decisión de la Junta Municipal, los transportistas se vieron obligados a retroceder y restablecer la tarifa anterior de 2.500 guaraníes. Una victoria circunstancial que, sin una solución estructural, no cambia la dura realidad del transporte interno en Luque.