El pasado 1 de enero, en pleno inicio del Año Nuevo, los transportistas de las líneas internas de la ciudad de Luque iniciaron una medida de fuerza (paro) con el objetivo de presionar a la Junta Municipal para elevar el costo del pasaje a 3.400 guaraníes. El incremento solicitado representa una diferencia de 900 guaraníes respecto al precio vigente de 2.500 guaraníes.
Las líneas internas cumplen un rol fundamental dentro del municipio, ya que conectan las distintas compañías con el centro de la ciudad. Se trata de un servicio esencial para una gran franja de la población que no cuenta con automóvil propio ni motocicleta y que, además, no dispone de ingresos suficientes para costear servicios de transporte por plataformas como Bolt o MotoBolt.
La alta demanda diaria de pasajeros es una prueba irrefutable de que existe un sector amplio y muchas veces invisibilizado de la ciudadanía que depende exclusivamente del transporte público. Esto contradice el discurso liviano de quienes sostienen que “todo el mundo tiene medio de transporte propio”, una afirmación alejada de la realidad social de Luque.
Entre las principales líneas internas se encuentran la Línea 9, que cubre el extenso trayecto desde Tarumandy hasta el Mercado Municipal N.º 2, en Cuarto Barrio; la Línea 59 “Siete de Octubre”, con varios ramales desde distintas compañías hasta la estatua de Las Residentas, en Campo Grande, atravesando el centro de Luque; la Línea 8 “San Francisco”, que une Cañada Põ’i con Campo Grande; la Línea 61 “San Rafael”, que conecta Cañada San Rafael con Mariano Roque Alonso, pasando por el Mercado Municipal N.º 1, y la Línea 64 “Quince de Mayo”, que cubre el trayecto Itapuamí–Luque–Isla Bogado.
En líneas generales, poco y nada se sabe sobre los propietarios de estas empresas, cuyos itinerarios dependen directamente de la Junta Municipal, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Existen versiones no confirmadas que señalan presuntos vínculos entre algunos dueños de líneas y concejales del oficialismo, lo que despierta legítimas sospechas y exige mayor transparencia.
Los representantes del sector argumentan que operan a pérdida y solicitan que el pasaje se equipare al monto vigente en el Área Metropolitana de Asunción, donde el boleto cuesta 3.400 guaraníes, con algunas excepciones. Lo que muchos desconocen es que el aumento del pasaje en las líneas internas depende exclusivamente de la decisión de la Junta Municipal de cada ciudad.
Ahora bien, el servicio que prestan estas líneas deja mucho que desear. Los pasajeros deben viajar en unidades antiguas, muchas de ellas en condiciones precarias, con escaso o nulo control técnico conocido. Se presume que las empresas sobreviven gracias a reparaciones improvisadas para seguir operando día a día.
No son pocos los usuarios que viajan con el “Jesús en la boca”, temiendo un desperfecto mecánico en pleno trayecto. Más allá del trato de los conductores, que en general no es el principal problema, las condiciones materiales de los buses resultan indignas: goteras en el techo, asientos destruidos, escalones elevados y falta de seguridad básica.
A esto se suma la deficiente cobertura en días feriados, domingos y en horarios nocturnos. Resulta irónico que el paro haya sido anunciado precisamente el 1 de enero, cuando históricamente son muy pocas las unidades que circulan en feriados y fines de semana.
La Junta Municipal tampoco cuenta con un control efectivo sobre la venta de boletos, lo que impide saber con certeza si las empresas realmente operan con pérdidas o ganancias. Lo concreto es que sobreviven cobrando 2.500 guaraníes por pasaje y no reciben subsidios estatales, a diferencia de las empresas que operan en el Área Metropolitana de Asunción.
Si estas líneas internas dejan de funcionar, muchas compañías —algunas muy alejadas del casco urbano— quedarán completamente aisladas. Sus habitantes, trabajadores y estudiantes, quedarán a la deriva, sin ningún tipo de transporte público. Esta realidad, muchas veces, no es comprendida por quienes no la padecen en carne propia.
Es posible que los transportistas necesiten un reajuste del pasaje. Pero también es innegable que la población de las compañías del interior del municipio necesita un servicio digno, seguro y regular, con un costo acorde a sus ingresos. En su mayoría, se trata de trabajadores que perciben salario mínimo o que se encuentran subempleados, con ingresos incluso por debajo de ese umbral. El debate no puede reducirse únicamente al precio del pasaje. Luque necesita discutir seriamente la calidad, la seguridad, el control y la transparencia del transporte interno. Cualquier decisión que se tome debe poner, en primer lugar, al pasajero y al interés público, y no a presiones sectoriales ni a eventuales intereses políticos.