El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas del país —tanto públicas como privadas— a partir del año 2026.
La iniciativa fue informada conjuntamente por los ministros: Luis Ramírez (Educación), Walter Gutiérrez (Niñez) y Gustavo Villate (Tecnología), como también por Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República.
Objetivo: uso responsable, no prohibición
Ramírez aclaró que la propuesta no busca vetar la tecnología, sino asegurar que su uso tenga fines pedagógicos. Según dijo, “no es lo mismo utilizar celulares o tablets en un contexto educativo que permitir su uso indiscriminado durante todo momento”, ya que eso puede generar distracciones, aislamiento, problemas de salud mental y favorecer el ciberacoso.
Por su parte, Gutiérrez destacó que el proyecto apunta a un “uso regulado y controlado por los docentes”, incluso durante el recreo, con el objetivo de priorizar actividades formativas, sociales y de convivencia.
Los riesgos señalados
Entre los argumentos del Ejecutivo para impulsar la ley están: El uso indiscriminado de celulares puede contribuir al aislamiento social, la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes. Asimismo, existe el riesgo de aumentar el ciberbullying cuando hay acceso libre a redes sociales desde dispositivos móviles dentro del ámbito escolar.
Por último, la falta de regulación del uso del celular puede afectar la atención, el aprendizaje y la convivencia dentro de las instituciones educativas.
Contexto de normativas previas
Aunque ya existen regulaciones anteriores —según señalan autoridades—, la nueva ley pretende fortalecerlas incluyendo reglas más claras, y evitar que se trate a los celulares como elementos de entretenimiento permanente dentro del colegio.
Qué se espera ahora
El proyecto fue presentado formalmente al Congreso y, de aprobarse, la norma comenzaría a regir desde 2026. Si bien las autoridades no buscan una prohibición absoluta, sí insisten en que el uso esté restringido a fines educativos, controlado y supervisado, con mecanismos que desalienten su uso indiscriminado.