La presentación se realizó ayer ante el Ministerio Público, en Asunción, con la participación de representantes de Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí. Denuncian que el Gobierno pretende adjudicar obras fuera del tramo original y sin licitación, beneficiando nuevamente al consorcio “Rutas del Este”.
Ayer, miércoles 23 de octubre, fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, en Asunción, la ampliación de una denuncia penal contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el marco del contrato de Alianza Público-Privada (APP) para la construcción y operación de la Ruta PY02. La acción fue impulsada por ciudadanos autoconvocados de Luque, Areguá, Itauguá e Ypacaraí, quienes ya habían realizado una primera denuncia en agosto de 2023.
La ingeniera Mercedes Canese, una de las firmantes de la presentación, explicó que el escrito —de más de 120 páginas— documenta graves irregularidades técnicas, jurídicas y financieras en el proceso de adjudicación directa de nuevas obras al mismo consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr y por otra vinculada al senador Luis Pettengill.
“En agosto del 2023 ya denunciamos que las 11 empresas postulantes fueron descalificadas, quedando una sola oferente. Eso hizo que el proceso dejara de ser competitivo. Ahora el MOPC amplía el contrato, sin licitación y sobre tramos que ni siquiera forman parte de la Ruta II original”, señaló Canese.
Según los denunciantes, el Gobierno de Santiago Peña pretende adjudicar obras ajenas al trazado original, incluyendo la duplicación de las rutas Luque – Areguá – Itauguá – Ypacaraí y Luque – San Bernardino, así como un viaducto de cuatro kilómetros sobre el centro de Luque, que afectaría el trazado histórico del Ferrocarril Carlos Antonio López, la ciclovía Valois Rivarola, como también a numerosas viviendas familiares.
La ingeniera Canese advirtió que estas adendas son inconstitucionales, porque violan las atribuciones del Congreso Nacional en materia de concesiones y endeudamiento, además de incumplir leyes que prohíben los monopolios y obligan a considerar alternativas de transporte público eléctrico.
“El proyecto, tal como está planteado, será un Metrobús 2.0. Dividirá la ciudad de Luque en dos, afectará a vecinos con títulos de propiedad y destruirá el patrimonio histórico y ambiental. No está pensado para la gente ni para el transporte público, sino para los vehículos particulares”, expresó.
Trajo a colación los viaductos construidos sobre la ruta Transchaco, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde —según señaló— la urbe quedó dividida en dos y resulta imposible cruzar de un lado a otro debido al muro levantado en el lugar. “En esa zona los micros no paran ni circulan por las colectoras, por lo que la gente se arriesga poniéndose al borde de la ruta para tomar el micro. Es tremendo”, añadió.
Los firmantes solicitaron a la Fiscalía General que investigue las presuntas violaciones constitucionales y administrativas que, según afirman, podrían implicar perjuicios económicos, sociales y ambientales al Estado paraguayo. La ampliación de la denuncia fue acompañada por los ingenieros Hermann Pankow, Ricardo Canese, Mercedes Canese, abogados y referentes locales de las comunidades afectadas. Los denunciantes instaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación a seguir el proceso “en defensa de la transparencia, la legalidad y los intereses del pueblo paraguayo”.