Walter Gaona, secretario de la comisión vecinal Marangatu de la fracción Montelindo, Cañada San Rafael, cuestionó la excesiva exigencia de documentaciones por parte de la Municipalidad de Luque para aprobar el empedrado de un tramo de casi dos cuadras, pese a que —según afirmó— las mismas ya fueron presentadas en ocasiones anteriores para el reconocimiento de su comisión.
La comisión vecinal Marangatu, del barrio Montelindo, en la zona de Cañada San Rafael de Luque, enfrenta una serie de obstáculos burocráticos para la ejecución de un proyecto de empedrado que beneficiará a decenas de familias de la comunidad.
Walter Gaona, secretario de la comisión, manifestó su preocupación ante los reiterados pedidos de documentación por parte de la Municipalidad de Luque. “Nos vuelven a solicitar los mismos papeles que ya habíamos presentado cuando pedimos el reconocimiento de la comisión vecinal: el RUC, las declaraciones juradas de la presidenta y del tesorero, y otros documentos que deben ser autenticados por escribanía”, explicó.
Según Gaona, la comisión ya fue renovada por segunda vez y en cada gestión se cumplió con todos los requisitos establecidos. “El problema es que piden demasiadas documentaciones para algo que es un bien común. La Municipalidad debería facilitar estos procesos y no poner trabas, porque para eso los ciudadanos pagamos nuestros impuestos”, cuestionó.
El dirigente vecinal señaló además que la excesiva burocracia obliga a las comisiones a depender de gestores para poder avanzar con los proyectos, lo que genera gastos adicionales. “Para conseguir algo que beneficia a todos, terminamos pagando a gestores. Eso es lo más lamentable”, dijo.
El proyecto de empedrado solicitado abarca cerca de dos cuadras y constituye una necesidad urgente para los vecinos de la fracción. “Si no presentamos de nuevo todas las documentaciones, el empedrado no se aprueba. Y eso no es justo, porque ya hemos cumplido con todo”, reclamó Gaona.
Finalmente, el secretario instó a las autoridades municipales y a los concejales a “facilitar la concreción de obras de bien común” y a “no asfixiar con exigencias innecesarias” a las comisiones vecinales que trabajan por el desarrollo de sus comunidades.