En la sesión de ayer martes 19 de agosto, la Junta Municipal de Luque recibió una minuta presentada por concejales del PLRA, que solicita al intendente Carlos Echeverría gestionar ante el Gobierno Nacional la instalación de un centro asistencial sobre la transitada ruta. El documento fue girado a comisiones para su estudio.
Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Luque, el concejal José Manuel Achucarro Gill (Manolo), en representación de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó una minuta a la que se sumó la concejala Belén Maldonado, de la bancada B del mismo partido.
La propuesta insta al intendente Carlos Echeverría a gestionar ante el Gobierno Nacional y autoridades estatales la creación de un Centro de Emergencias sobre la Ruta Luque–San Bernardino, teniendo en cuenta que se trata de un tramo vial de intenso tráfico y frecuentes accidentes que afectan a residentes y visitantes.
En la argumentación, Achucarro sostuvo que la falta de un servicio de atención inmediata en la zona pone en riesgo la vida de las personas, ya que los traslados hasta los centros asistenciales más cercanos —como el Hospital General de Luque, el IPS local o sanatorios privados— pueden tardar hasta una hora, lo que genera demoras y críticas, terminando muchas veces en casos fatales.
“Contar con un Centro de Emergencias en este punto estratégico permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente ante los siniestros, reduciendo significativamente el tiempo de atención y posibilitando una coordinación efectiva entre bomberos voluntarios, personal sanitario y de seguridad”, indica la minuta.
El pedido se sustenta en la alta siniestralidad de la ruta, que conecta con varias localidades de la región. En los últimos días, dos hermanos –una mujer y un joven- que viajaban desde Pedro Juan Caballero fallecieron en un accidente sobre este tramo, mientras que un menor resultó gravemente herido. El concejal además propuso que la financiación del futuro centro provenga de los recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá, aclarando que dichos fondos no deben destinarse únicamente al pago de salarios, sino también a proyectos que salven vidas.