La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) expresó su “profunda preocupación” ante el cierre de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción, dispuesto este jueves 17 de julio. Reclaman la inmediata habilitación de un espacio físico accesible en la capital y advierten sobre el riesgo para los derechos de las comunidades nativas.
La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) manifestó este jueves su enérgico rechazo al cierre repentino de la sede central del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicada sobre la avenida Artigas de Asunción, por decisión del Gobierno Nacional. En un comunicado divulgado en la tarde del 17 de julio, la organización calificó la medida como una “grave omisión institucional” que atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
El cierre fue anunciado por el propio INDI, que justificó la medida como parte de un proceso de descentralización, a pedido del presidente de la República, Santiago Peña. Según el titular del ente, Juan Ramón Benegas, la intención es acercar los servicios a las comunidades a través de oficinas regionales, ya habilitadas en Yhú (Caaguazú), Benjamín Aceval y, desde el 21 de julio, en la Municipalidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández, en el Chaco.
Sin embargo, ANIVID denuncia que esta decisión fue tomada sin consulta previa ni comunicación oportuna a las comunidades afectadas, y sin prever mecanismos alternativos adecuados para garantizar la atención en la capital del país. “La falta de transparencia, participación y comunicación sobre esta decisión no solo debilita la institucionalidad pública dedicada a los pueblos indígenas, sino que también pone en riesgo el acceso a derechos fundamentales”, señala el pronunciamiento.
La organización recuerda que el artículo 29 de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” obliga al INDI a asegurar la continuidad de sus servicios y el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas consagrados en la Constitución. Alertan también sobre la necesidad de proteger archivos clave relacionados con tierras, procesos judiciales (entre ellos sentencias internacionales) y reclamos históricos.
Por ello, ANIVID exige:
1. La reapertura inmediata o la habilitación urgente de una oficina física en Asunción.
2. El cumplimiento pleno del artículo 29 de la Ley 904/81, con estructura, presupuesto y personal adecuados.
3. La preservación y digitalización de los documentos jurídicos e históricos del INDI.
4. El establecimiento de canales de diálogo con las organizaciones indígenas, bajo el principio de consulta y participación.
La decisión del Gobierno se produce en un contexto de protestas sostenidas de comunidades indígenas frente a la sede central, donde reclaman atención a sus derechos básicos y piden la renuncia del presidente del INDI, a quien acusan de actuar de forma autoritaria y caprichosa.
La medida también generó malestar entre vecinos del barrio Las Mercedes, quienes denuncian inseguridad y caos vehicular debido a las manifestaciones.
“El cierre del INDI en Asunción no resuelve los conflictos, los traslada”, advirtió ANIVID, que cerró su pronunciamiento con una consigna contundente: “Nuestros derechos no se cierran, nuestra dignidad no se traslada ni se archiva”, firmada por Mario Rivarola, presidente de la organización, y Javier Enciso, vicepresidente.