En medio de una encendida disputa judicial y vecinal, un nuevo capítulo se suma al conflicto por la instalación de una planta hormigonera en la zona de Zárate Isla, en el municipio de Luque. Esta vez, un grupo de vecinos salió al paso con una nota de respaldo a la empresa Preforte Paraguay S.A., pidiendo la continuación de las obras, en contraposición a los reclamos de otro sector que exige su cierre inmediato.
La nota, remitida al presidente de la Junta Municipal por la comisión vecinal “Vecinos Unidos” de Zárate Isla e Ykua Karanday y leída en la sesión del pasado martes 15 de julio, expresa el “total respaldo” a la empresa Preforte y rechaza el pedido de suspensión de sus actividades. El documento lleva numerosas firmas con número de cédula y manifiesta preocupación por las consecuencias económicas que traería el eventual cierre de la planta para familias que dependen directa e indirectamente de su funcionamiento.
“La hormigonera no solo brinda empleo, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del entorno”, señala la misiva. También se advierte que la acción judicial fue promovida por “personas ajenas al barrio” y se cuestiona la transparencia de sus intenciones. “Solicitamos a la Junta Municipal que propicie el diálogo y busque soluciones integrales sin comprometer el bienestar de nuestra comunidad”, concluye la nota.
Antecedentes del conflicto
La instalación de la planta comenzó en abril de este año y desató de inmediato una fuerte resistencia de parte de vecinos que consideran que la hormigonera infringe ordenanzas municipales que prohíben la instalación de industrias molestas en zonas residenciales, como la de Zárate Isla.
Amparándose en las ordenanzas municipales 8/2001 y 30/2001, que destinan la zona a viviendas y comercios de bajo impacto, los vecinos presentaron denuncias ante la Municipalidad de Luque y también ante la prensa. Acusaron al intendente Carlos Echeverría (ANR) de haber otorgado el permiso de manera irregular, ignorando la normativa vigente. Aseguran, además, que el Ministerio del Ambiente (Mades) avaló el proyecto pese a su evidente incompatibilidad con el uso del suelo.
En mayo pasado, la Junta Municipal de Luque había encomendado al intendente suspender las obras. Sin embargo, la orden no fue acatada y los trabajos continuaron.
Acción judicial y resolución en suspenso
La disputa llegó a los tribunales con la presentación de un recurso de amparo, en el que se exige la suspensión inmediata de las actividades de la planta. El reclamo, impulsado por la abogada María Escurra en representación de un grupo de vecinos, sostiene que la operación de la hormigonera vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a un ambiente sano. Denuncian ruidos molestos, emisión de partículas contaminantes y deterioro de caminos por el tránsito de camiones.
La jueza laboral de primera instancia, Greta Aquino, dio la razón a los vecinos y ordenó el cese de las actividades de la empresa en un plazo de cinco días, al considerar ilegítima la habilitación municipal. Sin embargo, Preforte apeló la decisión, argumentando que cumplió con todos los requisitos legales y que no se acreditaron daños concretos. El caso ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, integrada por los jueces Geraldine Cases, Rafael Barboza y Ángel Cohene, quienes deberán emitir una resolución al respecto.
Posiciones enfrentadas
Mientras un grupo de vecinos continúa exigiendo el cumplimiento de la orden judicial y la revocación del permiso municipal, otro sector —representado por la comisión “Vecinos Unidos”— pide a las autoridades que se respete el funcionamiento de la empresa, invocando razones laborales y económicas.
“Esta es una pelea entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo, entre el respeto a la ley y la necesidad de desarrollo”, sintetizó un referente barrial. El caso se ha convertido en un símbolo del creciente conflicto entre el desarrollo urbano-industrial y la calidad de vida en zonas residenciales del departamento Central.
La decisión judicial podría marcar un precedente importante sobre la aplicación efectiva de las ordenanzas municipales y el control institucional sobre el uso del suelo en zonas urbanas.